Petro sostuvo que, de comprobarse la recepción de dinero, las implicadas deberán devolver los recursos y colaborar con la justicia.
Las denuncias contra Juliana y Verónica Guerrero por un presunto esquema de cobro de comisiones para gestionar contratos con entidades del Estado comenzaron a generar fracturas dentro del sector político que respalda al presidente Gustavo Petro.
Aunque el mandatario defendió la actuación de su Gobierno y aseguró que los contratos prometidos nunca se concretaron, dirigentes del Pacto Histórico, exfuncionarios y congresistas cercanos pidieron que las investigaciones avancen y marcaron distancia frente al caso.
Entre quienes solicitaron esclarecer los hechos están María José Pizarro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y la representante Laura Beltrán, quien calificó las denuncias como "indefendibles". La congresista Jennifer Pedraza, por su parte, anunció una nueva denuncia penal contra las hermanas Guerrero por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, concierto para delinquir, cohecho y enriquecimiento ilícito.
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Las denuncias, reveladas por la revista Semana, señalan que las hermanas habrían cobrado dinero a empresarios con la promesa de facilitar contratos en diferentes entidades del Gobierno nacional. La Fiscalía ya abrió una investigación para establecer la veracidad de los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Petro sostuvo que, de comprobarse la recepción de dinero, las implicadas deberán devolver los recursos y colaborar con la justicia, al tiempo que insistió en que su administración impidió que se materializaran los presuntos actos de corrupción.