¿Y el dinero de los niños de la Guajira?
Contratos para atender niños y gestantes fueron manipulados en La Guajira. Fiscalía habla de desvío de más de $860 millones.
Otra vez el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) queda en el ojo del huracán, y no por resultados, sino por corrupción. Recursos destinados a niños y mujeres gestantes en La Guajira habrían terminado convertidos en negocio para unos pocos.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación revela un patrón que ya suena repetido: contratos direccionados, supervisión complaciente y pagos inflados. Tres convenios firmados en 2019 fueron, al parecer, acomodados para favorecer a una asociación específica.
El mecanismo no fue sofisticado, pero sí efectivo: facturas infladas, alimentos sobrevalorados y reportes ajustados a conveniencia. Carne, verduras y raciones básicas terminaron costando mucho más en el papel que en la realidad, todo para justificar giros más altos.
El resultado: más de 860 millones de pesos en detrimento patrimonial. Dinero público que debía garantizar nutrición y bienestar terminó diluyéndose en un entramado que, según las autoridades, combinó funcionarios y particulares sin mucho esfuerzo por disimular.
Los implicados ahora enfrentan cargos graves como peculado y falsedad documental, pero el problema va más allá de los nombres. Lo preocupante es que este tipo de esquemas sigue apareciendo en programas sociales, justo donde el control debería ser más estricto.
Porque aquí no solo se robaron plata: se vulneró a población que depende del Estado. Y mientras los procesos avanzan en los juzgados, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿cuántos casos más como este siguen sin destaparse?