El alcalde de Villavicencio trasladará $2.000 millones del presupuesto para alimentar a detenidos, tras el fin de la competencia transitoria de la USPEC.
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Dicha norma, que vence el 30 de junio de 2025, delegó de manera transitoria a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la responsabilidad de suministrar alimentación a detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. A partir del 1 de julio, esa obligación recaerá sobre los entes territoriales, según lo estipulado por el Gobierno nacional.
El alcalde Baquero afirmó que, ante la falta de una respuesta efectiva del Ministerio de Justicia y la renuncia de la ministra Ángela María Buitrago, la administración municipal tomó la decisión de hacer una adición presupuestal. “La reunión gestionada con apoyo del presidente de la Corte Constitucional no se concretó y decidimos avanzar con el traslado de recursos”, señaló el mandatario local.
Actualmente, cerca de 500 personas permanecen detenidas en espacios de detención transitoria en la capital del Meta. Alimentarlas representa un impacto económico significativo que, según estimaciones oficiales, podría alcanzar los $10.000 millones anuales.
Para cumplir con la nueva carga, el Gobierno Municipal recortará recursos de varias dependencias. El ajuste permitirá enfrentar la exigencia legal sin comprometer la atención a otras necesidades críticas del municipio.