La gobernadora Rafaela Cortés llevó al Plan Nacional de Desarrollo las principales necesidades de la Orinoquía en agua potable, salud, seguridad.
La vía Bogotá–Villavicencio, que registra 200 puntos críticos, de los cuales 60 son de alto riesgo, se convirtió en una de las principales alertas presentadas por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, durante el Encuentro Regional de la Patria Milagro, espacio en el que se priorizaron propuestas para buscar soluciones a las necesidades de la Orinoquía e impulsar su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.
La mandataria insistió en la importancia de encontrar alternativas que permitan mejorar la seguridad y la transitabilidad de este corredor estratégico para la economía y la movilidad de siete departamentos. La vía cuenta, además, con 143 puentes y viaductos y 28 túneles, infraestructura que requiere atención frente a los riesgos que pueden afectar la conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales.
“Quisiera hacer un llamado al Gobierno Nacional. Aquí se ha hablado muchísimo de esta vía porque es una vía nacional (…) me dan la posibilidad de sentarnos a ver qué opciones tenemos, por supuesto, para tener una mejor transitabilidad con una vía tan importante para esta región”, manifestó Cortés.
Durante el encuentro, la gobernadora también destacó la necesidad de avanzar en una solución estructural al abastecimiento de agua potable para Villavicencio, ciudad cuya población se aproxima a los 700.000 habitantes. Para ello, se adelanta un trabajo conjunto con la Alcaldía de Villavicencio y la Financiera de Desarrollo Nacional, orientado a estructurar alternativas que respondan a las necesidades actuales y futuras de la capital del Meta.
En materia de salud, Cortés señaló que el Hospital Departamental de Villavicencio atiende alrededor de 300.000 personas al año y es un centro de referencia de alta complejidad para siete departamentos. La nueva torre del centro asistencial supera el 80 % de avance, mientras que el proyecto contempla una segunda torre destinada a hospitalización.
La conectividad aérea también fue incluida en la agenda regional. Según informó la mandataria, el Gobierno Nacional aprobó $3.500 millones, a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondes), para avanzar en la prefactibilidad de un aeropuerto internacional de pasajeros y carga. Este recurso permitirá evaluar alternativas para fortalecer la conexión de la Orinoquía, sin que ello signifique que la construcción de la terminal esté financiada o aprobada definitivamente.
El encuentro reunió a representantes institucionales y sectoriales en mesas de trabajo dedicadas a identificar las principales necesidades sociales, económicas, ambientales y de infraestructura de la región.
Entre las iniciativas priorizadas se encuentran la estabilización de puntos críticos de la vía Bogotá–Orinoquía, el control de la erosión y el monitoreo geotécnico, así como el fortalecimiento de la preparación y recuperación de los territorios frente a emergencias.
La agenda también contempla inversiones para mejorar las capacidades tecnológicas y operativas de la Fuerza Pública, fortalecer la infraestructura hospitalaria, ampliar los proyectos de acueducto y alcantarillado y promover soluciones de vivienda urbana y rural.
En materia económica, las propuestas apuntan a impulsar la transformación agroindustrial, fortalecer las empresas, facilitar el acceso a financiación y generar condiciones para atraer inversiones. A esto se suman iniciativas de conectividad multimodal, corredores viales, puentes, alternativas férreas y conexión aérea.
La educación rural, el transporte y la alimentación escolar, la conectividad educativa, la financiación de la educación superior pública y la modernización digital de las entidades territoriales también hacen parte de las prioridades. Asimismo, se plantearon acciones para ampliar la inversión social en pueblos indígenas y comunidades étnicas, proteger sus liderazgos y respaldar proyectos productivos y de soberanía alimentaria.
Las propuestas pasarán por procesos de sistematización, revisión y priorización técnica para continuar su trámite en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Por ahora, constituyen una agenda regional de iniciativas, cuya incorporación definitiva y financiación no están garantizadas.
La gobernadora destacó la importancia de fortalecer el diálogo entre los gobiernos territoriales y el Gobierno Nacional, y reconoció el respaldo que, según afirmó, han recibido las agendas regionales en asuntos de seguridad, infraestructura y recuperación de corredores estratégicos.
“En apenas tres meses hemos tenido más visitas y más reuniones con el Gobierno Nacional que durante nuestros primeros tres años. Eso se siente en el territorio y hay que reconocerlo. Hoy tenemos ministros, directores y equipos nacionales sentados con nosotros, escuchando lo que necesitan nuestras comunidades y construyendo soluciones desde las regiones. Ese es el camino que Colombia necesitaba”, expresó.
Cortés insistió en que el desarrollo de la Orinoquía requiere una visión de largo plazo y una articulación efectiva entre los gobiernos nacional, departamentales y municipales, el sector privado, la academia y las comunidades.
“La Orinoquía no vino a pedir. Vino a proponer. Tenemos tierra, agua, biodiversidad, energía, producción, conocimiento, empresarios, campesinos y proyectos. Lo que necesitamos es articular todas esas capacidades y convertirlas en inversión, empresas, empleo y mejores condiciones de vida para nuestra gente”, afirmó.
Con esta agenda, la Gobernación del Meta busca que las necesidades de la región sean consideradas en la planificación nacional y se traduzcan, mediante los procesos correspondientes, en proyectos e inversiones que mejoren la movilidad, amplíen el acceso a servicios esenciales, fortalezcan la seguridad y generen oportunidades para las familias y los sectores productivos.