Vía al Llano bajo la lupa del Congreso

La problemática de la vía Bogotá–Villavicencio tendrá desde ahora una instancia permanente de seguimiento en el Congreso de la República. Mediante la Resolución No. 0491 del 20 de agosto de 2026, la Presidencia de la Cámara de Representantes creó oficialmente la Comisión Accidental para el Seguimiento Integral, Atención y Solución Estructural del Corredor Vial Bogotá–Villavicencio, y designó como su coordinador al representante por el Meta Darwin Castellanos Romero.

La creación de la Comisión representa un paso importante para el Meta y la Orinoquía, pues busca que la discusión sobre este corredor deje de concentrarse únicamente en las emergencias y cierres temporales y avance hacia la construcción de soluciones estructurales, sostenibles y de largo plazo.

Como coordinador, Castellanos tendrá la responsabilidad de convocar y articular el trabajo de la Comisión, integrada también por los representantes Jesús Salim Lorduy Martínez, Arledy Alvarado Patiño, Hilda Gutiérrez, Ana Ligia Mora Martínez, Mateo Hidalgo Montoya, Jesús Armando Bedoya Rodríguez y Daniel Felipe Bernal Montealegre.

“La vía Bogotá–Villavicencio no puede seguir siendo atendida únicamente cuando ocurre una emergencia. Necesitamos sentar a todas las entidades responsables, revisar qué obras están pendientes, dónde están los recursos, cuáles son los puntos críticos y, sobre todo, construir una hoja de ruta seria que nos permita hablar de soluciones definitivas para el corredor. Esta vía no es solamente del Meta: es estratégica para Colombia”, señaló el representante Darwin Castellanos.

Seguimiento a obras, contratos y recursos

La resolución le entrega a la Comisión un amplio campo de acción. Entre sus funciones estará realizar seguimiento permanente a las obras, contratos, inversiones, cronogramas y compromisos relacionados con la operación, mantenimiento, estabilización, ampliación y mejoramiento de la Bogotá–Villavicencio.

También podrá verificar la ejecución de los recursos públicos destinados al corredor y promover nuevas partidas para atender obras de mitigación, estabilización, túneles, viaductos, mantenimiento y culminación de la doble calzada.

Otro de sus principales frentes será el seguimiento a los puntos críticos de la carretera, incluidos deslizamientos, inestabilidad de taludes, fallas geológicas, pérdida de banca y demás factores que representan riesgos para la movilidad y seguridad de los usuarios.

Las entidades deberán sentarse en una misma mesa

La Comisión podrá hacer seguimiento a las actuaciones y compromisos del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, el Instituto Nacional de Vías —INVIAS—, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —UNGRD—, autoridades territoriales, concesionarios y demás entidades responsables del corredor.

Asimismo, podrá promover mecanismos de coordinación para responder oportunamente a cierres y emergencias y revisar los planes de contingencia, rutas alternas, manejo del tránsito e información a los usuarios.

El objetivo será que las responsabilidades de cada entidad puedan ser identificadas y sometidas a seguimiento desde el Congreso, evitando que los problemas del corredor continúen tratándose de manera aislada.

Una hoja de ruta para la vía al Llano

Uno de los mandatos más importantes entregados a la Comisión será promover la construcción de una hoja de ruta de largo plazo para el corredor Bogotá–Villavicencio, que deberá contemplar metas, responsables, cronogramas, fuentes de financiación y mecanismos claros de seguimiento.

Además, la Comisión podrá impulsar la inclusión y priorización de proyectos y recursos relacionados con la vía en el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y demás instrumentos de planeación e inversión pública.

También tendrá la posibilidad de promover iniciativas legislativas y medidas institucionales encaminadas a consolidar el corredor Bogotá–Villavicencio como una infraestructura estratégica de interés nacional.

“Aquí no se trata de crear otra comisión para producir documentos. Nuestra responsabilidad será hacer seguimiento, exigir respuestas y convertir las necesidades de la vía en compromisos concretos, con responsables, fechas y fuentes de financiación. El Meta necesita una voz firme que mantenga este problema en la agenda nacional y esa será una de nuestras prioridades”, afirmó Castellanos.

Una vía estratégica para Colombia

La proposición que sustentó la creación de la Comisión advierte que las afectaciones de la Bogotá–Villavicencio trascienden al departamento del Meta debido al papel que cumple el corredor en el abastecimiento de alimentos, la producción agropecuaria y energética, el transporte de carga, el turismo y la competitividad nacional.

Según los argumentos presentados ante la Cámara, durante 2024 el Meta registró un Producto Interno Bruto aproximado de $54,8 billones, equivalente al 3,21 % del PIB nacional.

La justificación también señala que durante 2022 se movilizaron desde el Meta hacia Bogotá cerca de 268.000 toneladas de alimentos, entre frutas, tubérculos, raíces, plátanos, granos, cereales, verduras y hortalizas.

A ello se suma el peso de la Orinoquía en la producción energética del país. El documento sostiene que el Meta produjo aproximadamente 421.000 barriles diarios de petróleo en octubre de 2025, mientras que Meta, Casanare, Arauca y Vichada concentraron conjuntamente cerca del 89,7 % de la producción petrolera nacional.

Estas cifras forman parte de los argumentos con los que se planteó ante la Cámara que las interrupciones prolongadas del corredor no afectan únicamente a quienes transitan entre Bogotá y Villavicencio, sino también a productores, comerciantes, transportadores, trabajadores, turistas y consumidores de diferentes regiones del país.

Participación de las regiones y los sectores productivos

La Comisión podrá desarrollar mesas técnicas, audiencias públicas y espacios de diálogo con autoridades nacionales y territoriales, gremios, sectores productivos, transportadores, comunidades, expertos y demás actores relacionados con el corredor.

También deberá evaluar el impacto económico y social que generan los cierres y restricciones sobre el abastecimiento de alimentos, la producción agropecuaria y energética, el turismo, el comercio, el transporte de carga y la competitividad regional y nacional.

Con la entrada en vigencia de la Resolución 0491, el Congreso cuenta ahora con una instancia formal para mantener de manera permanente la problemática de la Bogotá–Villavicencio en la agenda nacional.

Para el representante Darwin Castellanos, la prioridad será que esa nueva herramienta legislativa se traduzca en seguimiento efectivo y en decisiones concretas:

“Durante años hemos conocido cierres, derrumbes, pérdidas económicas y enormes dificultades para quienes necesitan esta vía. El reto ahora es dejar de acostumbrarnos a las emergencias. Vamos a trabajar para que Colombia tenga una solución de fondo para la conexión entre Bogotá, el Meta y la Orinoquía. Esta Comisión será una herramienta para defender esa causa desde el Congreso”. Ratificó Darwin Castellanos.