Vanti deberá devolver cobros irregulares a usuarios
La Superservicios ordenó a Vanti ajustar sus tarifas tras detectar cobros irregulares desde diciembre de 2024 a usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a la empresa Vanti S.A. – ESP devolver los cobros indebidos realizados a más de 2,5 millones de hogares desde diciembre de 2024, luego de confirmar un aumento injustificado en las tarifas del gas domiciliario. La decisión se da tras una denuncia del presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre prácticas irregulares de intermediarios que, según indicó, estarían abusando del consumidor.
El presidente fue enfático al señalar que si persisten los abusos en la comercialización del gas, se procederá con la intervención de las empresas involucradas. Petro denunció que las tarifas subieron sin justificación, pese a que Ecopetrol mantiene contratos de gas nacional a precios bajos. “Al consumidor se le respeta”, afirmó el mandatario, criticando también la especulación con el gas importado.
La Superservicios confirmó que Vanti contaba con gas nacional disponible gracias a un contrato vigente con Ecopetrol, pero habría reportado falsamente una menor disponibilidad para justificar la importación de gas más costoso, lo cual derivó en el incremento de tarifas a usuarios residenciales. Esta actuación fue considerada una falta grave que derivó en la imposición de un Plan de Gestión obligatorio.
El organismo de control exigió a la empresa ajustar sus tarifas y devolver el dinero cobrado de forma indebida. Además, deberá adoptar medidas corporativas que eviten futuras irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión del servicio. La resolución se expidió el pasado 6 de mayo de 2025 y será vigilada estrictamente por la entidad.
La alerta presidencial no es nueva. En febrero, Petro había advertido sobre una posible especulación con el gas y acusó a algunas comercializadoras de desviar gas nacional hacia la generación térmica de energía, mientras importaban gas caro para el consumo doméstico. Según el Ministerio de Minas, en diciembre pasado había suficiente gas local para atender la demanda.
La intervención regulatoria busca frenar el impacto económico que esta práctica habría generado a millones de familias.