¿Vale la pena romperlo todo por política?

La discusión en Colombia no está siendo política en el sentido serio del término; está siendo emocional, reactiva y superficial. Se debate desde el miedo, la rabia o la identidad, pero no desde propuestas concretas, viabilidad fiscal o impactos reales sobre el bienestar. Esa distorsión no es casual: le conviene a una clase política que gana más dividiendo que resolviendo.

Hoy el escenario electoral está dominado por extremos que simplifican el país en dos bandos irreconciliables. En ese juego, figuras como Paloma Valencia o Claudia López terminan siendo símbolos de bloques ideológicos más que de proyectos de país aterrizados. Y eso es problemático porque el debate se vuelve personalista y no programático.

El resultado es un vacío técnico en la conversación pública. Poco se habla, por ejemplo, de cómo se va a financiar el gasto social, cómo se resolverá el déficit fiscal o qué estrategia productiva sacará al país de su dependencia extractiva. Es decir, lo estructural queda relegado mientras lo simbólico domina.

Además, el Congreso y el Ejecutivo llevan años en una dinámica de choque permanente. No hay coordinación efectiva entre políticas fiscales, monetarias y sociales. Cada actor opera bajo lógicas distintas, muchas veces en función del cálculo electoral, no del interés colectivo. Eso debilita la capacidad del Estado para responder a crisis económicas y sociales.

La política también ha fallado en algo fundamental: entender el territorio. Se diseñan políticas públicas desde Bogotá como si Colombia fuera homogénea. No lo es. Las necesidades del Meta, La Guajira o Antioquia son radicalmente distintas, pero el debate nacional las aplana en discursos genéricos que no resuelven problemas concretos.

En ese contexto, la polarización cumple una función muy específica: distraer. Mientras la ciudadanía se enfrenta por ideologías, los temas estructurales quedan fuera del radar. Es más fácil movilizar emociones que explicar reformas tributarias, sistemas pensionales o modelos de desarrollo productivo.

Lo más crítico es que esta dinámica erosiona la democracia misma. Porque una democracia no se sostiene solo en elecciones, sino en la capacidad de construir acuerdos. Y hoy Colombia parece incapaz de pactar incluso lo básico: reglas fiscales claras, prioridades de inversión o estrategias de seguridad coherentes.

Aquí es donde la contradicción se vuelve evidente: los políticos negocian entre ellos, hacen alianzas y construyen mayorías, pero hacia afuera promueven discursos de confrontación. Es una doble lógica: cooperación en el poder, conflicto en la ciudadanía.

Esa brecha entre discurso y práctica política genera desconfianza. El ciudadano percibe incoherencia, pero en lugar de exigir rigor programático, muchas veces responde con más radicalización. Es un círculo vicioso donde la mala política produce peor ciudadanía política, y viceversa.

Si algo debería marcar estas elecciones no es quién grita más fuerte, sino quién presenta propuestas viables, coherentes y adaptadas a la realidad del país. Eso implica discutir números, instituciones, capacidades estatales y límites fiscales, no solo narrativas ideológicas.

Porque al final, lo político no es destruir al adversario, sino gobernar un país diverso. Y gobernar implica negociar, ceder, priorizar y ejecutar. Sin eso, la democracia se queda en espectáculo, y Colombia en un conflicto permanente que nadie realmente está resolviendo.