La jueza 44 de Bogotá declaró culpable al expresidente por fraude y soborno. Es la primera condena penal contra un exmandatario en Colombia.
En una decisión sin precedentes en la historia judicial del país, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, dentro del caso que lo vincula con el intento de manipulación de testigos para desvirtuar nexos con el paramilitarismo. La condena fue anunciada este martes, luego de 67 audiencias en el complejo judicial de Paloquemao, Bogotá.
El fallo marca un hito: es la primera vez que un expresidente colombiano recibe un veredicto penal condenatorio, lo que eleva el proceso a la categoría de juicio histórico. Aunque fue absuelto por el cargo de soborno simple, la jueza aseguró que se comprobó su rol determinante en una estrategia para alterar el curso de la justicia. La Fiscalía, representada por la fiscal delegada Marlenne Orjuela, respaldó la solicitud de prisión domiciliaria.
La sentencia definitiva se conocerá este viernes 1 de agosto a las 2 p. m., tras la audiencia de tasación de pena. Las partes la defensa de Uribe, el senador Iván Cepeda como víctima y la Fiscalía acordaron continuar con la lectura pública del fallo en esa fecha. Uribe no asistió a la audiencia; siguió la diligencia de forma virtual junto con su abogado Jaime Granados, quien insistió en que se debe respetar su presunción de inocencia.
Según la Fiscalía, Uribe habría enviado al abogado Diego Cadena en 2018 a visitar en prisión a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, con el propósito de que se retractaran de declaraciones que lo vinculaban a él y a su hermano Santiago con el grupo paramilitar Bloque Metro. A cambio, se habrían ofrecido supuestos beneficios jurídicos, lo que constituyó, según el ente acusador, un intento de alterar la verdad procesal.
La defensa, por su parte, ha sostenido que Cadena actuó a título personal y que Monsalve fue quien buscó retractarse voluntariamente. Argumentan que no hubo presión, ni ofertas indebidas, y que el objetivo era dejar constancia de versiones espontáneas para desmontar una acusación política. Cadena enfrenta un proceso penal aparte por estos mismos hechos.
Durante el juicio se presentaron más de 90 testigos y fueron claves las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema. A pesar de que estas se dieron por error, al buscar interceptar a otro congresista, sirvieron como evidencia para abrir el caso contra el expresidente. La decisión judicial aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero deberá resolverse antes del 16 de octubre para evitar la prescripción.