Un tercio de Colombia está en alerta por grupos armados

El 36 % de los municipios de Colombia tiene alertas por la presencia y actuación de grupos armados ilegales, diez años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo.

En su informe 10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios, el organismo presentó un balance de la implementación del pacto firmado el 24 de noviembre de 2016 y alertó sobre un escenario de violencia que continúa afectando a numerosas comunidades del país.

Según el documento, cinco disidencias de las FARC tienen presencia en 372 de los 1.103 municipios colombianos, mientras que el Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal del país y de origen paramilitar, opera en 468 municipios.

Asesinatos, desplazamientos y confinamientos

La Defensoría señaló que, desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 521 excombatientes de las FARC.

Asimismo, entre enero de 2016 y junio de 2026 se registraron 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

«La persistencia de la violencia armada constituye uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo Final», advirtió el organismo.

El informe también alertó sobre las amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, confinamientos y ataques contra líderes sociales que continúan enfrentando las comunidades en diferentes regiones.

Las cifras reflejan un deterioro en las condiciones de seguridad de la población. Las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12.841 en 2017 a 107.924 en 2025, mientras que las personas afectadas por confinamientos aumentaron de 18.603 a 128.825 durante el mismo periodo.

La Defensoría advirtió que estos fenómenos afectan la participación comunitaria, debilitan los procesos organizativos y ponen en riesgo los avances alcanzados con el acuerdo de paz.

Avances en la reincorporación de excombatientes

Pese a las dificultades de seguridad, el informe destacó avances en el proceso de reincorporación de quienes dejaron las armas.

Actualmente, 10.943 personas permanecen vinculadas a este proceso, lo que representa el 76 % de quienes fueron acreditados como integrantes de las FARC durante la desmovilización de noviembre de 2016.

Entre los resultados, la entidad destacó que cerca de 7.000 firmantes de paz han terminado el bachillerato y que el 99 % está afiliado al sistema de salud.

Además, se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos, junto con iniciativas relacionadas con educación, acceso a tierras y participación comunitaria.

Sin embargo, la seguridad continúa siendo el principal desafío debido a los asesinatos de excombatientes y las amenazas contra quienes participan en el proceso.

Otro aspecto que preocupa a la entidad es que el 86 % de los firmantes de paz vive fuera de los antiguos espacios territoriales de reincorporación, lo que dificulta la prestación de servicios, el desarrollo de proyectos productivos y la implementación de medidas de protección.

Por esta razón, la Defensoría pidió al Gobierno garantizar la continuidad del proceso de reincorporación hasta 2031.

Llamado a mantener la implementación del acuerdo

El organismo insistió en que el cumplimiento del acuerdo requiere continuidad institucional, financiación, coordinación entre las entidades estatales y evaluación de los resultados.

«Los cambios de Gobierno no deben interrumpir los procesos ni debilitar los avances alcanzados. La implementación exige responsabilidades verificables y una perspectiva de largo plazo», concluyó la Defensoría.

El balance se conoce cuando Colombia cumple una década de la firma del acuerdo de paz y en medio de un nuevo escenario político, tras la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto, quien ha manifestado su oposición al pacto firmado con las antiguas FARC.