El fallo reconoce la calidad de víctimas de la solicitante y su derecho a la restitución jurídica y material, así como la compensación monetaria al opositor al demostrar buena fe exente de culpa.
El Tribunal Superior de Bogotá, resolviendo un nuevo caso de la inspección de Alto Tillavá, ordenó, además del derecho a la restitución de la solicitante, la medida de compensación para la parte opositora, al declarar probada la buena fe exenta de culpa.
Este fallo representa un gran avance en la implementación del proceso de restitución de tierras en el Meta y ratifica a esta política del Gobierno Nacional como una de las principales herramientas en la construcción del camino hacia la paz y la reconciliación.
Como un caso destacado, se profirió esta semana una nueva sentencia de restitución en la inspección de Alto Tillavá, Puerto Gaitán.
En el fallo se reconoce la calidad de víctimas de la solicitante y su derecho a la restitución jurídica y material, así como la compensación monetaria al opositor al demostrar su buena fe exente de culpa.
Así las cosas, la reclamante y su familia accederán a los mecanismos de reparación integral que establece la ley como complemento de los procesos de restitución, mientras el Fondo de la Unidad de Restitución deberá encargarse de realizar los avalúos del bien para determinar el valor de la compensación de los segundos ocupantes. En esta ocasión, la justicia llega a dos familias que tuvieron que sufrir la violencia que envolvió a esta región, especialmente, a finales de la década de los 90.
Época en la que la disputa territorial entre guerrilla y paramilitares produjo la vulneración de los derechos fundamentales de muchos campesinos. Los hechos de esta historia se remontan al año 1998.
Para entonces, la reclamante residía, junto a su compañero y sus dos hijos, en un lote ubicado en el caserío La Loma, terreno que ocupaban desde 1988. Las acciones que produjeron el desplazamiento definitivo de este grupo familiar fueron cometidas por paramilitares comandados por José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, quienes llegaron a la casa de la solicitante manifestando que su esposo era colaborador de la guerrilla de las Farc-ep y que, por tanto, debía abandonar la zona.
Meses después de este abandono forzado producto de dichas amenazas, en una nueva incursión paramilitar, fueron incineradas algunas viviendas, entre ellas, la de la reclamante.
A lo anterior debe agregarse el reclutamiento forzado del que fue víctima, dos años antes de que ocurriera el desplazamiento, una de las hijas del reclamante cuando apenas tenía 13 años.
Este precedente, al parecer, ayudó a agravar la situación para que los solicitantes fueran destinatarios de aquellos señalamientos. En relación con estos sucesos, los magistrados resolvieron la buena fe exenta de culpa que los terceros que, luego de la incursión paramilitar y tras estar el predio abandonado por un tiempo, solicitaron la autorización de los reclamantes para iniciar la ocupación del inmueble.
Acto que fue considerado correcto dado que estas personas no se aprovecharon de la situación de violencia sino que esperaron para contactar a la familia beneficiaria. Frente a este fallo, la directora territorial, Andrea Lizcano Noguera, manifestó que: “Con este caso se demuestra a la sociedad que en el proceso de restitución se trabaja por la construcción de la paz, al garantizar la justicia a todos los campesinos en condición de vulnerabilidad que no tengan relación con los hechos victimizantes de la víctima. Nos estamos afianzando como una política que busca la equidad y la reconciliación en el departamento.” Las familias siguen retornando en el Meta Las sentencias de restitución se siguen cumpliendo de manera efectiva en el departamento del Meta. Las familias beneficiadas vuelven a sus tierras, desarrollan sus proyectos productivos y recuperan la esperanza.
En días recientes, con acompañamiento de la Fuerza Pública y las instituciones competentes, se llevó a cabo la entrega material de un predio de 7 hectáreas en la vereda Caño Amarillo del municipio de El Dorado.
Luego de la orden de restitución proferida por un juez de la República, una familia, víctima de los grupos paramilitares, cumple el sueño de recuperar las tierras que tuvieron que abandonar hace 12 años. Época en la que perdieron a su padre y a su hermano a manos de este mismo grupo armado.
Hoy, con el predio en sus manos, planean cultivar aguacate y naranjas, así como trabajar el ganado que piensan comprar con los recursos que les serán asignados para su proyecto productivo. Por el momento, dicen, empezarán arreglando las cercas.