Tasas altas y choque institucional agravan la economía

El enfrentamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Junta Directiva del Banco de la República dejó de ser un debate técnico para convertirse en una señal de fragilidad institucional. La reciente decisión de mantener altas las tasas de interés, en medio de un contexto de bajo crecimiento, ha encendido un conflicto que trasciende lo económico y comienza a afectar la confianza en la coordinación del Estado.

El argumento del Banco es claro: controlar la inflación sigue siendo la prioridad. Desde esta perspectiva, elevar el costo del dinero es una herramienta necesaria para enfriar la demanda y evitar que los precios se desborden. Sin embargo, esta lógica, aunque técnicamente válida, resulta cada vez más difícil de sostener en una economía que muestra señales de desaceleración.

Por su parte, el Gobierno insiste en que las altas tasas están asfixiando la inversión y el consumo. No es un argumento menor. En economías como la colombiana, donde el crédito impulsa buena parte de la actividad productiva, encarecerlo tiene efectos directos sobre el empleo, la vivienda y la expansión empresarial.

El problema de fondo es que ambos enfoques tienen algo de razón, pero están operando sin coordinación. Mientras la política monetaria busca enfriar la economía, la política fiscal intenta sostenerla. Este choque no solo reduce la efectividad de las medidas, sino que genera incertidumbre en los mercados.

A esto se suma un elemento poco discutido: las tasas altas también atraen capital externo. Este fenómeno, conocido como “carry trade”, puede fortalecer la moneda y aumentar la entrada de divisas. Pero ese mismo flujo puede terminar presionando la demanda interna sin que la producción crezca al mismo ritmo, generando efectos contradictorios.

El resultado es una economía atrapada en tensiones. Por un lado, se intenta controlar la inflación; por otro, se limita el crecimiento. Este equilibrio inestable se vuelve más delicado en un contexto internacional adverso, marcado por presiones sobre los precios del petróleo, los alimentos y los insumos productivos.

Además, el frente fiscal no ayuda a aliviar la situación. El alto nivel de endeudamiento y el peso del pago de intereses reducen el margen de maniobra del Estado. En este escenario, pedir tasas más bajas sin resolver los desequilibrios fiscales resulta difícil de sostener en términos técnicos.

Otro punto crítico es la inversión. Los datos muestran que ha perdido dinamismo, y esto no es un detalle menor. Sin inversión no hay crecimiento sostenido, ni mejoras en productividad. Las tasas altas pueden estar contribuyendo a ese freno, pero no son la única causa: también influyen la incertidumbre política y la baja rentabilidad en algunos sectores.

El trasfondo de todo este debate es estructural. Colombia sigue dependiendo en gran medida de ingresos externos, como exportaciones de materias primas y remesas. Esta dependencia limita la capacidad de la economía para responder de manera autónoma a los choques internos y externos.

En este contexto, el mayor riesgo no es únicamente la inflación o el bajo crecimiento, sino la falta de coordinación. Cuando las instituciones económicas envían señales contradictorias, el impacto se traduce en menor confianza, menor inversión y mayor volatilidad.

El país no enfrenta una crisis inminente, pero sí un punto de inflexión. Insistir en posiciones rígidas, sin reconocer las limitaciones del contexto, puede agravar los desequilibrios. La discusión ya no debería centrarse en quién tiene la razón, sino en cómo alinear las decisiones para evitar que la economía termine pagando el costo del desacuerdo.