Santos anuncia drásticas medidas contra el paro camionero

Drásticas medidas en contra de los promotores del paro de camioneros en el país, anunció el presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Durante una reciente intervención en la mañana de este jueves, cuando se cumplen 38 días de cese de actividades de gran parte de camioneros colombianos, el mandatario del país sostuvo que no se va a permitir el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar como producto del cese de actividades que realiza ese gremio transportador.

Asimismo reiteró que los autores que generen bloqueos en las carreteras del país serán objeto de procesos de extinción de dominio.

También dijo que habrá fuertes sanciones económicas contra las empresas transportadoras a las que esstén afiliados esos automotores.

Dijo que dio la orden para que por lo menos 50 mil integrantes del Ejército y la Policía Nacional garanticen la movilidad de aquellos transportadores que quieren trabajar.

La siguiente es la declaración del presidente Santos:

Bogotá, 13 de julio de 2016 /

1 DECLARACIÓN FINAL – PARO TRANSPORTADORES

Colombianos, Desde que se inició la protesta de unos gremios de transportadores, hace 38 días, ordené al Ministro de transporte que abriera una mesa de diálogo y trabajo para escuchar sus reclamos y buscar soluciones realistas.

¿Qué significa que sean realistas?

Significa que no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos, de la canasta familiar, del bolsillo de las familias, del normal abastecimiento de alimentos, del empleo, del trabajo decente y de la actividad de campesinos e industriales.

No voy a permitir que los precios de los alimentos para los colombianos, el huevo, la carne, el arroz se suban de forma permanente por cuenta de este paro. Por ejemplo, si aceptamos las exigencias que están sobre la mesa, se suben un 10% los productos de la canasta familiar.

Eso no lo podemos aceptar.

Es también inaceptable que para levantar el paro haya que mantener un sistema de chatarrización que se ha convertido en un foco de corrupción y que en lugar de cumplir el objetivo de disminuir la sobreoferta de camiones esta produciendo el efecto contrario.

Tampoco podemos aceptar que las soluciones a las demandas de algunos de los que están negociando fomenten la corrupción y el abuso por parte de unos pocos en detrimento de la mayoria.

Aquí, como debe ser, el interés particular no puede primar sobre el interés general y mucho menos cuando hay corrupción de por medio.

Esta corrupción la tiene identificada el Fiscal General quien anoche informó que va a proceder contra ellos. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son los pequeños transportadores.

No se puedo tolerar un cartel del transporte, que fija los precios y prohibe la competencia.

El bienestar de los colombianos, el derecho al trabajo digno y el crecimiento económico de todo el país, no pueden ser el precio a pagar para levantar el paro.

La posición de estas personas en la mesa no busca defender los intereses de los pequeños transportadores y no protege el derecho a un trabajo decente de los conductores, a quienes -según los mismos conductores- no se les pagan sus prestaciones.

El gobierno nacional ha puesto sobre la mesa opciones de solución buenas, viables y, generosas que benefician a los transportadores sin que todos los colombianos tengamos que pagar las consecuencias.

De otro lado, La violencia, las amenazas, los atentados contra las personas y los usuarios de las vías no pueden ser expresiones de protesta aceptables ni tolerables.

Frente a estos comportamientos ilegales no hay -- ni habrá-- tolerancia por parte del gobierno nacional.

Desde el inicio del movimiento, al tiempo que ordené el diálogo y la concertación, le pedí al ministro de la defensa que garantizara el derecho de todos los colombianos a movilizarse y –en particular—el de los transportadores que quieren seguir trabajando.

El martes pasado, frente a la escalada de violencia, ordené fortalecer la presencia de la fuerza pública en las principales vías y proteger la libre circulación en las carreteras.

Este ha sido un gobierno que respeta la protesta y promueve el diálogo social. Pero es evidente que la forma y las exigencias en esta protesta van en contravía de los derechos de los colombianos a la seguridad alimentaria, a la libre circulación, a la tranquilidad y al trabajo.

Además, afecta gravemente todo el aparato de producción nacional.

Es mi deber como jefe de estado proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos frente a los intereses económicos de unos pocos.

Frente a la clara intención de los líderes de la inmovilización en la mesa de no avanzar en la definición de soluciones razonables, y frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento y el transporte de mercancias, he tomado entre otras, las siguientes decisiones:

• Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte.

• Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos.

• Cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos.

• Cancelar las matriculas de los vehículos que se presten para vías de hecho.

• Habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga.

• Establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.

• La fuerza pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos.

• He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra fuerza pública en las carreteras. Serán 50 mil hombres garantizarán la seguridad en las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieren seguir trabajando.

Quiero reiterar una vez más la disposición del gobierno nacional para encontrar soluciones concertadas, pero realistas para los reclamos de los transportadores, en particular los más pequeños. Nuestra voluntad de lograr acuerdos requiere que se acaben las vías de hecho y violencia y que los derechos de todos los colombianos sean respetados. Así hemos actuado y así lo seguiremos haciendo.