Riesgo en Colombia por racionamiento eléctrico
Más de 10 millones podrían quedarse sin energía en Colombia por retrasos en subsidios y pagos no realizados. Contraloría alerta al Gobierno.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que más de 10 millones de personas podrían quedarse sin el servicio de energía eléctrica en diversas regiones del país debido a retrasos en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía. Las áreas afectadas incluirían la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). La situación, que podría derivar en racionamientos e interrupciones del servicio, se considera de especial gravedad por parte de la Contraloría General de la República.
El retraso en los subsidios no es el único problema que amenaza la estabilidad del servicio. La Contraloría también señaló la falta de reembolso de recursos no recaudados debido a la “opción tarifaria” implementada durante la pandemia, así como el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista de energía. Estos factores podrían limitar el suministro de energía de los generadores a los operadores de red, afectando principalmente a las empresas en la Costa Caribe.
Rodríguez Becerra hizo un llamado al Gobierno nacional y a las superintendencias involucradas para que tomen medidas urgentes que regularicen el giro de los subsidios y prevengan un posible colapso en la prestación del servicio. La Contraloría instó a que se consideren todas las acciones necesarias para evitar un riesgo sistémico a nivel nacional, que podría tener repercusiones graves en servicios esenciales como la salud, la educación y el comercio.
La situación es aún más alarmante, dado que otros estudios realizados por la Contraloría han señalado repetidamente los problemas persistentes en el sector energético. En un estudio reciente sobre la seguridad y confiabilidad energética, así como en uno anterior de 2022, se concluyó que los problemas relacionados con los giros de subsidios y el pago de consumos siguen siendo críticos, especialmente en la Región Caribe. Estos informes han subrayado la necesidad de resolver estas cuestiones para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Además, la falta de apropiación de fondos presupuestales por parte de las entidades públicas para el pago de servicios públicos domiciliarios también es un factor que agrava la situación. La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación han emitido circulares alertando sobre la gravedad de esta conducta, que podría constituir una falta disciplinaria contra la hacienda pública. Se espera que las autoridades locales tomen medidas para asegurar que los pagos de servicios sean realizados de manera oportuna para evitar interrupciones.
En conclusión, la Contraloría General de la República enfatiza que, si no se actúa de manera inmediata y decisiva, el riesgo de una crisis energética que afecte a millones de colombianos podría convertirse en una realidad con consecuencias devastadoras para el país.