Restricciones legales limitan negocios en conjuntos residenciales
La Ley 675 limita los negocios en conjuntos residenciales, salvo autorización expresa.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Horizontal en 2001, los residentes de conjuntos residenciales en Colombia enfrentan una restricción clara: no pueden abrir negocios dentro de sus viviendas si estas están clasificadas como de uso exclusivamente residencial. La norma, contenida en el artículo 18 de la Ley 675, establece que las unidades privadas deben destinarse únicamente al uso definido en los reglamentos de copropiedad.
El incumplimiento de esta disposición puede tener consecuencias legales y económicas. Según la Notaría 19 de Bogotá, quienes insistan en operar tiendas o actividades comerciales en sus apartamentos o casas podrían ser sancionados con multas que van desde 70 hasta 400 salarios mínimos legales vigentes. Estas sanciones se aplican en concordancia con la Ley 13800 de 1997 y el Código Nacional de Policía, además de las medidas internas que cada conjunto establezca, como cobros extraordinarios o cierres forzosos.
El panorama cambia en los conjuntos de uso mixto. En estos casos, la ley permite el desarrollo de actividades comerciales siempre que los estatutos de la copropiedad lo autoricen y se haya elevado a escritura pública. Esto significa que los residentes pueden emprender desde sus hogares, pero bajo parámetros legales definidos y aprobados colectivamente.
Para los conjuntos estrictamente residenciales, la única vía legal para emprender implica modificar los estatutos de la copropiedad, obtener el visto bueno de la asamblea de propietarios y registrar el cambio ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Sin embargo, este proceso es complejo, poco frecuente y requiere un alto grado de consenso entre los copropietarios.
En consecuencia, la norma protege la destinación habitacional de los conjuntos, pero también limita las alternativas económicas de miles de familias que buscan generar ingresos desde sus hogares. Esto genera un debate entre la necesidad de preservar el orden urbanístico y el derecho a emprender en un país con crecientes dificultades económicas.
Tomado de El Tiempo