El jefe del Ministerio Público recordó que cualquier acuerdo de carácter político entre Gobierno Nacional y guerrilla de las FARC deberá institucionalizarse o ser sometido a referéndum.
En nuevo escenario en el que se analizó el denominado Marco Jurídico para la Paz, las intenciones del pueblo colombiano de poner fin al conflicto armado y el proceso que se desarrolla entre Gobierno y guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, instaló en la ciudad de Neiva (Huila) el ‘Primer foro regional de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos’, evento organizado por la personería local.
El jefe del Ministerio Público reiteró ante más de 500 asistentes que al igual que todos los colombianos anhela la paz, pero en desarrollo de sus funciones constitucionales como representante de las víctimas y de la sociedad, insistirá en que el proceso de negociación no incluya “amnistías encubiertas” que favorezcan a los autores de crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra y genocidios.
“Estamos de acuerdo en que exista justicia transicional, en eso no hay discusión, la Procuraduría nunca ha objetado esa posibilidad. Se trata precisamente de lograr la paz, se trata de desactivar las circunstancias generadoras de la violencia. Reducciones sustanciales de la pena claro que sí. Pero no impunidad como hoy se plantea, como hoy se cree, como algunos sectores hoy aspirarían, a que la condición de la paz sea la impunidad”.
Según el procurador, los eventuales acuerdos que alcancen Gobierno y FARC tienen valor político, pero no jurídico. “Tendrá que institucionalizarse o por un referéndum. Para lograr el aval de la sociedad no pueden pactarse decisiones como las que se nos anuncian. Podemos correr el riesgo de Guatemala, donde el referéndum rechazó el proceso de paz”.
Consciente de la necesidad de flexibilizar la normativa para promover el final del conflicto armado, el jefe del Ministerio Público aclaró que ello no puede significar la violación a los estándares trazados internacionalmente en materia de justicia transicional y que los líderes insurgentes pretendan no pagar un solo día de cárcel.
“El proceso será legítimo o ilegítimo en la medida que responda a unos mínimos internacionales y que respete el Derecho Internacional Humanitario y que en últimas logre la verdad, la justicia y la reparación (…) Si es necesario, tendré que acudir a los escenarios internacionales, en principio al Sistema Interamericano, para que de manera cautelar intervenga y determine si estas normatividades cumplen con los estándares”.
“Vamos a tener un partido armado y financiado por el narcotráfico” “No se puede dramatizar y señalar irresponsablemente como enemigos de la paz a quienes han advertido los riesgos que eventualmente pudiéramos estar corriendo”, dijo el procurador general de la Nación al reiterar que aborda esta temática en cumplimiento de sus funciones constitucionales y como representante de la sociedad colombiana.
“Resulta que el representante de las víctimas, el representante de la sociedad tiene que permanecer silente. Se equivocan, el procurador general de la Nación no se quedará callado. Y no lo hará porque sería una indignidad y una falta grave en el cumplimiento de sus obligaciones y de sus roles constitucionales”.
Además, el jefe del Ministerio Público recordó a la ciudadanía la importancia de analizar problemáticas inherentes al proceso de negociación con el grupo guerrillero, tales como su condición de narcotraficantes, las minas antipersonales en todo el país, la ubicación de fosas, la devolución de los secuestrados y en particular, la negativa a entregar las armas.
“Reiteradamente han dicho que no van a dejar las armas porque es la forma de garantizar el cumplimiento de los pactos a los que lleguen en La Habana. No van a entregar las armas, pero van a hacer política. Vamos a tener un partido armado y financiado por el narcotráfico”.