¿Quién escondió los $36 billones que el Gobierno ya pagó?
El Gobierno denunció que una deuda por subsidios a combustibles fue omitida en las cuentas nacionales, afectando el Plan de Desarrollo.
El presidente Gustavo Petro reveló este lunes que el Gobierno actual heredó una deuda de $75 billones por subsidios a los combustibles, de los cuales $36 billones ya fueron pagados a Ecopetrol en 2023 sin haber sido registrados oficialmente en las cuentas nacionales. Esta omisión, según Petro, ha estrangulado fiscalmente a la administración, comprometiendo la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
La denuncia fue hecha durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño, donde el mandatario afirmó que funcionarios del anterior gobierno realizaron transferencias sin reportarlas formalmente, ocultando el impacto fiscal. Esta maniobra, asegura, ha impedido que el pago contribuya a disminuir el déficit fiscal y ha distorsionado el marco presupuestal de 2023 y 2024.
Petro calificó la situación como un “craso error económico”, ya que se sacrificó el crecimiento económico —que apenas llegó al 0,7%— al destinar de forma anticipada una cifra millonaria al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Además, indicó que el déficit del fondo alcanzó los $76 billones, una cifra similar al presupuesto anual del sector educativo.
El mandatario criticó que los subsidios beneficiaran incluso a usuarios de camionetas de lujo, contrariando la equidad constitucional. A su juicio, se trata de una injusticia en la que los más pobres terminaron subsidiando a los más ricos.
Otro factor que agudizó la crisis fue el préstamo de US$5.600 millones adquirido durante la pandemia con el FMI, el cual debe pagarse en un corto plazo de tres años. Ambos compromisos, advierte Petro, redujeron la capacidad del Estado para invertir en programas sociales esenciales.
Finalmente, el presidente pidió al actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, que registre formalmente estos pagos en las cuentas nacionales, para que las calificadoras y entidades financieras internacionales comprendan el verdadero origen del desequilibrio fiscal y no se castigue injustamente al actual Gobierno.