La controversia ANI–Grupo Portuario y el bajo uso de capacidad amenazan el sistema portuario.
Desde Buenaventura, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra advirtió sobre riesgos fiscales, jurídicos y logísticos para el país ante la disputa entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Grupo Portuario S.A. El pronunciamiento se dio en el Foro sobre la Política Pública Nacional Portuaria, en el que instó al Gobierno y a actores del sector a acelerar acciones estratégicas para garantizar modernización y eficiencia, especialmente frente al vencimiento de 19 concesiones desde 2032.
El modelo de concesiones iniciado en 1991 permitió que la capacidad portuaria pasara de 21 millones de toneladas en 1995 a más de 400 millones en 2024, pero solo se utiliza el 50%. El contralor destacó el CONPES 4118 de 2023, con una hoja de ruta de $10,7 billones para los próximos 15 años, aunque su ejecución apenas alcanza un 38,5%.
Entre las mejoras propuestas están ajustar la fórmula de contraprestación que pagan los concesionarios, redistribuir las inversiones durante la vida útil de los contratos y garantizar recursos para los tramos finales. También instó a resolver el pago de impuestos prediales por parte de la Sociedad Portuaria al Distrito de Buenaventura.
La Contraloría reiteró que el puerto es un eje estratégico: en 2024, los ocho muelles de Buenaventura movilizaron el 38% de exportaciones y el 34% de importaciones nacionales, con la Sociedad Portuaria Regional a la cabeza, moviendo más de 8 millones de toneladas.