Durante el Gobierno de Petro se han presentado 15 demandas étnicas que buscan restituir 1,8 millones de hectáreas en Meta y Guaviare.
Durante el actual gobierno, se han interpuesto 15 demandas étnicas para reclamar más de 1,8 millones de hectáreas en los departamentos de Meta y Guaviare, una cifra que representa el 53,5 % del total de acciones radicadas desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), estas solicitudes buscan restablecer los derechos territoriales de pueblos ancestrales víctimas del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.
En total, ya se han radicado 28 demandas en la región para solicitar la restitución de 1.990.519 hectáreas y 8.413 metros cuadrados a comunidades étnicas que han padecido violaciones sistemáticas a sus derechos. Entre ellas, el caso del pueblo Nukak es el más significativo, con una demanda que reclama 932.463 hectáreas, en jurisdicción de San José del Guaviare y El Retorno, donde solo 632 personas sobreviven bajo amenaza de exterminio físico y cultural.
Durante el Gobierno del Cambio, también se han interpuesto demandas en favor de los resguardos Puerto Viejo, Puerto Esperanza, Charco Caimán, Barranco Colorado, La Yuquera, Lagos del Dorado y Doquera. Estos procesos abarcan territorios ubicados en municipios como Miraflores, Mapiripán, Calamar y Lejanías, en un contexto de recuperación de territorios colectivos y defensa del tejido ancestral.
Un hito en este proceso se registró el 17 de abril de 2024, cuando se formalizó la primera restitución étnica en los Llanos Orientales. Ese día, el Resguardo Indígena Florida Kawinanae recibió 16.035 hectáreas y 250 metros cuadrados en Puerto Gaitán (Meta), como parte de una sentencia judicial a favor de los pueblos Piapoco y Sikuani. El acto fue calificado como “histórico” por el director de la URT, Giovani Yule, quien reafirmó el compromiso del Estado con la justicia y la paz territorial.
En cifras, la URT ha emitido 28 informes de caracterización, 42 estudios preliminares y 16 solicitudes de medidas cautelares. De las 28 demandas radicadas, 15 fueron presentadas entre 2022 y 2025, acumulando más de 1,8 millones de hectáreas en disputa. La sentencia emitida para la comunidad Florida Kawinanae es, hasta ahora, la única decisión definitiva en Meta.