Proyecto de ley busca eximir del pico y placa a conductores
Un nuevo proyecto de ley propuesto en el Senado busca eliminar las barreras del pico y placa para vehículos que transporten a personas con discapacida
El pico y placa ha sido una medida clave para aliviar la congestión vehicular en ciudades colombianas como Bogotá, regulando la circulación de vehículos según el último número de la placa. Sin embargo, un nuevo proyecto de ley, radicado en el Senado, busca ofrecer una excepción a esta restricción para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad.
El proyecto de ley 335 de 2024, liderado por la senadora Ana Carolina Espitia Jerez, propone eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a la exención de pico y placa. Esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos por mejorar la accesibilidad y la inclusión de este grupo social, permitiendo que sus desplazamientos no se vean limitados por la normativa de tráfico.
De ser aprobado, el proyecto obligaría al Ministerio de Transporte a crear una reglamentación que garantice el acceso sin barreras a esta exención. Además, la ley establece que las autoridades deberán trabajar con organizaciones civiles y personas con discapacidad para asegurar que las normas reflejen adecuadamente sus necesidades y realidades.
El plazo para actualizar la reglamentación del artículo 15 de la Ley 1618 de 2013, que ya abordaba aspectos de inclusión, será de 60 días después de la entrada en vigor de la ley. En ese mismo periodo, los municipios con pico y placa deberán ajustar sus normativas para asegurar que los vehículos con personas con discapacidad a bordo estén exentos de la medida.
Una de las principales modificaciones incluye la creación de un mecanismo de interoperabilidad entre el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Este mecanismo permitirá asociar un vehículo con una persona con discapacidad para garantizar que el beneficio de la exención sea efectivo.
A pesar de que el proyecto aún está en fase de discusión en el Senado y no se espera su discusión hasta 2025, de ser aprobado, las entidades territoriales tendrán un plazo de tres meses para ajustar sus normativas y asegurar la plena implementación de la ley.