Así lo señalo la procuradora delegada Ilva Miryam Hoyos Castañeda durante su intervención en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos.
En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se adelanta hoy en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que la Procuraduría General de la Nación defiende a las personas, a sus derechos, y se opone a todo acto de hostigamiento y persecución que se realice en contra no sólo de los defensores de derechos humanos, sino de todo titular de derechos.
La procuradora delegada, que hace parte de la delegación que representa al Estado colombiano en esta audiencia, en la que se analiza la situación de los defensores de derechos sexuales y reproductivos y de la población LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) del país, destacó que este organismo de control ha adelantado acciones de vigilancia y control de gestión en relación al desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva, y ha alertado al Estado sobre la escasa posibilidad que existe para que cumpla con algunos Objetivos del Milenio, relativos a los derechos de las mujeres.
Actuaciones de la Procuraduría en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos Entre las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación en materia de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la procuradora delegada se refirió, entre otras, a la vigilancia que inició en diciembre del año anterior, orientada a intensificar labores para disminuir el número de muertes de mujeres durante el embarazo y el parto, las que desarrollan la Circular No 005 de 2012, proferida conjuntamente con tres entidades nacionales del sector salud.
Se refirió asimismo al diseño y ejecución de una vigilancia al cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, decisión en la que se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pero sin dar al aborto ese carácter.
Destacó la delegada que en seguimiento a la citada sentencia, en diciembre de 2012 profirió el Segundo Informe sobre el aborto, que analiza y evalúa los precedentes judiciales y la información reportada por las entidades requeridas, informa sobre la totalidad de las actuaciones adelantadas en el ejercicio de la función preventiva, valora los métodos de medición del aborto inducido y su incidencia en la adopción de políticas públicas, y hace recomendaciones a diferentes entidades del Estado con el fin de garantizar los derechos de todas las personas involucradas en la temática del aborto.
Sobre la Sentencia T-627 de 2012, proferida por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en la que se ordenó al procurador general y a dos procuradoras delegadas modificar y revocar unos actos administrativos de carácter general, así como hacer algunas rectificaciones, por considerar que se habían violado y amenazado los derechos sexuales y reproductivos, la funcionaria recordó que el pasado 19 de septiembre se dio cabal cumplimiento a esta decisión judicial, yendo incluso más allá de lo ordenado con el fin de garantizar los derechos supuestamente amenazados o vulnerados.
Reseñó además que en el presente mes, después de un año de iniciado el proceso de implementación del Conpes 147 de 2012, relativo al embarazo adolescente, la Procuraduría dio inicio a una vigilancia al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva en el marco de la situación de las niñas y jóvenes embarazadas y de las obligaciones asignadas a través de ese documento de política pública.
Cabe destacar que en la vigencia 2012 la Procuraduría implementó una estrategia de comunicaciones orientada a la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, bajo el eslogan “Vivimos nuestra sexualidad a conciencia, con responsabilidad y respeto” con mensajes institucionales divulgados masivamente a través de radio y televisión, transmitido por canales públicos y privados.
Compromiso con la garantía de la protección de los derechos humanos Por otra parte, la procuradora delegada se refirió a actuaciones de este organismo de control en la garantía de la defensa de los derechos humanos, como el reciente informe de vigilancia con el que instó a las entidades del Estado responsables de las políticas públicas de prevención, protección, investigación y promoción de la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales para que se de cumplimiento a la normativa vigente en la materia, y recomendó articular los diversos espacios de seguimiento a las medidas adoptadas en favor de estas personas y a reconocer la significativa gestión que realizan en el marco de un Estado participativo y democrático.
“La Procuraduría reitera, como ya lo ha expresado ante esta Comisión, que seguirá defendiendo a la persona humana y a sus derechos, y que se opone a todo acto de hostigamiento y persecución que se realice en contra no sólo de los defensores de derechos humanos, sino de todo titular de derechos”, puntualizó la funcionaria.
Destacó que la función disciplinaria de la Procuraduría recae únicamente sobre los servidores públicos y que carece de competencia en materias penal o disciplinaria frente a los particulares, lo que evidentemente hace imposible realizar hostigamientos o persecuciones a defensores de derechos humanos, como los que se han denunciado.
Enfatizó además en que la Procuraduría no ha fijado en torno a los derechos sexuales y reproductivos, ni a otras temáticas relativas a los derechos humanos, posturas personales de ningún tipo, y que niega de manera categórica las afirmaciones de los denunciantes en el sentido de que la Entidad tiene una agenda político-religiosa y que algunos funcionarios han desconocido los derechos humanos y manipulado el poder punitivo y disciplinario del Estado y de sus órganos de justicia, poniendo en riesgo la integridad de los defensores de los derechos humanos.