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Procuraduría profirió cargos contra Juan Diego Muñoz

Por las presuntas irregularidades en el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Procuraduría profirió cargos contra Juan Diego Muñoz

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exsecretario de Educación del Meta y actualmente Representante, Juan Diego Muñoz Cabrera, y al exjefe de Asuntos Contractuales de la Gobernación, Juan Pablo Reyes González, por las presuntas irregularidades en el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que se ejecutó durante el gobierno de la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya García. 

La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que los servidores habrían intervenido en la fase de planeación del contrato, que en 2016 conllevó a que a los beneficiarios les fueran suministrados alimentos que incumplían con el aporte nutricional establecido por el Ministerio de Educación. 

 

La entidad estableció que posiblemente se omitió en el componente técnico una minuta nutricional acorde a las exigencias del programa, lo que pudo afectar las necesidades nutricionales de la población escolar, con lo que habrían quebrantado los principios de economía, eficacia y responsabilidad.

 

Para ambos casos, el Ministerio Público señaló que provisionalmente calificó la presunta conducta de los disciplinables como falta gravísima cometida con culpa gravísima.

 

Tras conocer los cargos que le formuló  la Procuraduría, el exsecretario de Educación del Meta y actual representante a la Cámara por el Meta, Juan Diego Muñoz, aseguró que en el año 2016 al iniciar los periodos de Gobierno, departamentos y municipios, debían aplicar la Resolución número 16432 el 02 de octubre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional “Por la cual se expiden los lineamientos Técnicos - Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar-PAE”. 

 

Según él, aplicar esta Resolución implicaba hacer un ejercicio de planificación y concertación con 28 municipios del Meta de manera obligatoria, lo cual demandaba mínimo 3 meses, incurriendo así en la violación del derecho al PAE de 66.008 niños, niñas y Adolescentes Escolarizados del Departamento del Meta, situación que jamás contempló, así hoy esa decisión, se califique de “falta gravísima”.