Tras choques entre ELN y disidencias, la Procuraduría pidió a Interior y Defensa un informe urgente sobre acciones en Guainía.
La Procuraduría General de la Nación requirió a los ministerios del Interior y de Defensa detallar qué medidas se adoptaron tras los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Puerto Colombia, Guainía, un territorio fronterizo con Venezuela.
El llamado del órgano de control responde a una denuncia presentada por la Red de Mujeres Indígenas del departamento, que alertó sobre la violencia ocurrida en agosto entre integrantes del ELN y disidencias de las FARC. Según el reporte, el choque armado dejó víctimas mortales y profundizó la sensación de inseguridad en las comunidades étnicas asentadas en las riberas del río Guainía.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó un informe detallado sobre las acciones de seguridad y prevención adelantadas por el Estado, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional para proteger la vida y la integridad de los pueblos indígenas afectados.
De acuerdo con la entidad, resulta esencial que las autoridades garanticen de manera oportuna los derechos colectivos de las comunidades en contextos de vulnerabilidad extrema y en escenarios de conflicto armado transfronterizo.
El órgano de control subrayó que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, por lo que insistió en que la respuesta estatal debe ser inmediata, integral y ajustada a las particularidades culturales y territoriales de la región.