Procuraduría exige acción ante crisis indígena en el Meta

La Procuraduría General de la Nación exigió a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) adoptar medidas inmediatas para atender la crítica situación de 23 familias indígenas del pueblo Jiw que permanecen desplazadas en el antiguo hospital de Puerto Concordia, Meta, desde hace casi una década.

Según el ente de control, el inmueble no reúne condiciones de habitabilidad ni permite a la comunidad ejercer sus prácticas tradicionales como la caza, la pesca y la agricultura, pilares esenciales de su cultura y subsistencia.

Ante este panorama, la Procuraduría solicitó a la UARIV precisar las acciones realizadas para garantizar el ingreso de estas familias al Registro Único de Víctimas (RUV) y si existen predios disponibles en el Fondo para la Reparación de Víctimas que puedan ser destinados a comunidades étnicas en la región.

El Ministerio Público también pidió evaluar una propuesta presentada por la Personería Municipal, que plantea la reubicación de la comunidad en la vereda Palomas, con el fin de restablecer sus derechos y condiciones de vida digna.