Procuraduría estrecha cerco en escándalo de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación amplió la investigación contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy por las presuntas anomalías en el convenio suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de pasaportes. El órgano de control incorporó a seis funcionarios adicionales, señalados por su participación en las decisiones contractuales.

El ente disciplinario revisará si se incumplió la obligación de realizar un proceso de selección competitivo, ya que el esquema aplicado asignaba a la Imprenta Nacional el rol de recibir capacitación y asumir erogaciones, mientras debía subcontratar servicios que no estaba en capacidad de ejecutar. Esto, según el Ministerio Público, podría configurar una violación a la normativa de contratación.

La investigación también abordará la legalidad del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, cuyo aporte económico es inferior al 50 % del valor total, lo que abriría dudas sobre la validez de aplicar el régimen de contratación internacional. Asimismo, se analizará si la firma del acuerdo implicó comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que exceden el periodo del actual Gobierno.

De la Imprenta Nacional fueron vinculados el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora; además de los delegados Jaime Berdugo (Interior), Luis Alberto Sanabria (Culturas), Dora Ojeda Roncancio (Educación) y Ricardo Arque Benavides (Presidencia). La Procuraduría verificará también la existencia de presuntos vicios en la junta directiva que habría avalado las proposiciones relacionadas con la suscripción del convenio.