El Ministerio Público advirtió a la CRC sobre un requerimiento que podría vulnerar la autonomía editorial y el secreto profesional del periodismo.
La Procuraduría General de la Nación advirtió este martes a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre posibles riesgos constitucionales para la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación. La advertencia surgió tras una solicitud enviada por la CRC a varios medios el pasado viernes, en la que requería información sobre contenidos periodísticos y noticiosos.
El ente de control informó que abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de dicho requerimiento. Según el documento oficial, la solicitud podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, derechos protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución y por sentencias de la Corte Constitucional como la C-1177/01, T-391/07 y T-219/21.
La Procuraduría también señaló que el comunicado emitido posteriormente por la CRC no revocó el requerimiento inicial ni aclaró si la entrega de información era voluntaria o vinculante. Esto, según la entidad, mantiene un riesgo potencial para la libertad de prensa y los procesos internos de los medios.
Además, el Ministerio Público subrayó que la CRC no tiene facultades expresas para solicitar información interna sobre decisiones editoriales, lo que podría interpretarse como una extralimitación de funciones y un posible precedente de censura indirecta.
El procurador general, Gregorio Eljach, reafirmó su compromiso con la defensa del periodismo libre y responsable. En una declaración pública el pasado sábado, aseguró que no permitirá prácticas oficiales que vulneren la libertad de prensa ni la libertad de empresa.
“No permitiré que se atente contra este sagrado principio que se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”, manifestó Eljach, quien reiteró que la Procuraduría mantendrá vigilancia sobre cualquier actuación estatal que afecte este derecho constitucional.