Presidencia solicita investigar amenazas a jueza Heredia
Petro pide investigar amenazas y perfilamientos contra Sandra Heredia, jueza que condenó a Uribe por soborno y fraude procesal.
La jueza Sandra Liliana Heredia, quien dictó el fallo de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, ha sido objeto de perfilamientos, señalamientos y amenazas. Entre publicaciones que exponen su vida personal y cuestionan su imparcialidad, crece la preocupación por la presión que estaría recibiendo desde sectores afines al uribismo. El caso más grave fue protagonizado por el influenciador Nicolás Jurado, quien divulgó la ubicación de la urbanización donde vive su familia, incitando a protestas.
La situación llegó hasta la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro exigió a la Fiscalía iniciar una investigación inmediata. “Este comportamiento es propio de un asesino”, escribió en su cuenta de X. La solicitud presidencial se centra en identificar a quienes estarían detrás de una posible campaña de intimidación y hostigamiento, lo que representaría una amenaza directa a la independencia judicial.
Los ataques no solo apuntan a la jueza Heredia, sino también a su entorno familiar y profesional. En redes circulan datos personales, supuestas afiliaciones políticas, fotografías de su equipo de trabajo y detalles de su trayectoria, lo que configura una situación de riesgo inminente. A esto se suman presiones mediáticas que buscan desacreditar su fallo y deslegitimar su rol en un proceso de alto impacto político.
Sandra Heredia ha mantenido silencio público frente a los señalamientos, mientras que desde organizaciones judiciales se ha solicitado garantizar su seguridad. La preocupación se extiende a otros funcionarios judiciales que temen por su integridad al tener que fallar en casos de figuras con poder político.
El fallo contra Uribe ha generado una intensa polarización. Mientras desde el Centro Democrático acusan una persecución judicial, sectores del petrismo defienden la decisión como un acto de justicia. En medio de ese choque político, la presión sobre la jueza revela el alto costo personal que conlleva impartir justicia en Colombia.