El presidente Petro anuncia apoyo a la reforma del Sistema de Participaciones con 5 exigencias para impulsar la descentralización y la equidad.
El presidente Gustavo Petro dio su respaldo al proyecto de reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), que regula la distribución de recursos de la Nación hacia los municipios. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario expresó su apoyo condicionado a cinco exigencias, las cuales buscan fortalecer la descentralización, reducir desigualdades y promover mejoras en salud y educación en el país.
Las condiciones expuestas por Petro incluyen un incremento gradual de los ingresos destinados a los municipios, pasando del 26% al 46% de los ingresos corrientes de la Nación. Además, enfatizó que estos recursos deben acompañarse de una ley de competencias que garantice la asignación de funciones y obligaciones a los municipios sin agravar el déficit fiscal nacional.
Otro de los puntos fundamentales para el Gobierno del Cambio es que la fórmula de distribución priorice a las regiones históricamente excluidas, permitiendo así un avance hacia la paz y la equidad territorial. En salud, la reforma debe cubrir completamente los servicios de atención primaria en los municipios, y en educación, se busca implementar tres años de preescolar, jornada única y dos años de educación superior gratuita en colegios de media.
Petro también subrayó la necesidad de que la descentralización se acompañe de una ciudadanía organizada y vigilante, capaz de asegurar que los recursos se destinen a las necesidades reales de la población y no sean aprovechados por grupos locales de poder.
En paralelo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldó la propuesta durante el debate en el Senado, destacando que esta reforma no solo se limita a la distribución de fondos, sino que también busca reducir brechas económicas, sociales e institucionales en Colombia. Hizo un llamado a todos los sectores políticos, incluyendo la oposición, a respaldar la reforma como parte de un compromiso de autonomía territorial en el marco del Acuerdo Nacional promovido por el Gobierno.
La reforma, que se encuentra en su sexto debate en el Senado, continúa generando discusión y posicionándose como una oportunidad crucial para transformar el modelo de financiación y administración de los municipios, encaminando a Colombia hacia una mayor descentralización y justicia territorial.