Así lo evidencia un diagnóstico elaborado por la Federación Nacional de Personeros -FENALPER-, con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional, del PNUD, en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público para la implementación de la Ley 1448 de 2011
El análisis se llevó a cabo con grupos focales de siete regiones del país, con la participación de más de 50 personerías municipales, donde se consultó sobre aspectos administrativos, funcionales y misionales, y se realizó un conversatorio en torno a los mandatos de la Ley de Víctimas (Ley 1440 de 2011).
Inicialmente los resultados de la sistematización del ejercicio de consulta indican la ausencia de recursos técnicos, tecnológicos, administrativos y de personal para soportar el trabajo de atención a las víctimas, que pasó a ocupar el 80% de la gestión de las Personerías Municipales.
En ese sentido, las crecientes cifras de atención indican, a febrero 28 de 2013, que las Personerías han atendido 214.558 víctimas; la Defensoría del Pueblo, 32.126, y la Procuraduría 25.342 personas.
Sin embargo, el legislador previó en la Ley un fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, y no hizo lo propio con las Personerías Municipales.
Por ejemplo, el Plan de Financiación para la Sostenibilidad de la Ley 1448 (Conpes 3712 de 2011), estableció fortalecer la capacidad administrativa de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, dejando de lado a las Personerías Municipales donde recae en una primera instancia todo el peso de la implementación de la Ley.
Entre otras falencias constadas se destaca que el 79% de las personerías no cuentan con mobiliario para sus despachos, el 82% no cuentan con archivadores y el 79 % demandan sillas de espera para los usuarios.
Contrariamente, tan sólo el 3% de las Personerías Municipales de las que componen la muestra, no tienen necesidad de mobiliario para sus instalaciones. Sumado a lo anterior, el 85% de las personería encuestadas no cuentan con un equipo de cómputo para el desempeño de sus funciones y la gran mayoría no tiene impresora, scaner o fotocopiadora, esenciales para la toma de las declaraciones de las víctimas.
De los resultados se puede concluir que las personerías municipales no tienen la capacidad para desarrollar las competencias asignadas, y la falta de recursos presupuestales y técnicos ponen en riesgo la protección y garantía de los Derechos Humanos en el territorio colombiano.
En ese sentido, los retos del Estado son encontrar las vías, canales, fuentes y aliados que les permitan a las Personerías, como interlocutores de la ciudadanía, ejercer sus funciones de manera tal que aporten en el proceso de consolidar la paz y el desarrollo en el territorio colombiano.
El presidente de la Federación Nacional de Personeros –FENALPER, Andrés Santamaría, realizó un llamado al Gobierno Nacional, afirmando que “ya es hora que mejoren las condiciones para los personeros de 5 y 6 categoría, que los miren, pues hay un descontento nacional porque las Personerías asumimos muchas funciones y somos aliados fundamentales para el Gobierno en el tema de la Ley de Víctimas y las protección de los derechos humanos, pero las personerías no han recibido un sólo peso para apoyar la labor, lo que es un acto de irresponsabilidad”.
Actualmente las personerías deben asumir más de mil funciones, sin tener un respaldo presupuestal, técnico, tecnológico, de recurso humano e infraestructura. A esto se le suma que los salarios de las(os) personeras(os) no son acordes con las funciones que desempeñan.