Miles de mujeres podrían acceder a penas sustitutivas con servicio comunitario. Una nueva ley busca transformar el sistema penal con enfoque de género
El Gobierno Nacional, junto a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, lanzó un programa que permite a mujeres privadas de la libertad cumplir sus condenas mediante servicios comunitarios, en lugar de prisión, conforme a la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023). Esta medida busca beneficiar a mujeres en condiciones de marginalidad, con 5.942 potenciales beneficiarias identificadas en el país.
En Bogotá, 1.423 reclusas del Buen Pastor cumplen los requisitos, mientras que 2.549 cupos ya están habilitados en Colombia. Hasta ahora, 105 mujeres han sido liberadas bajo este modelo, gracias al apoyo de 27 entidades, incluyendo ONG y organismos públicos.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó la importancia de este enfoque inclusivo, destacando la asesoría jurídica brindada a las reclusas para facilitar el proceso. Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, instó a los fiscales a incluir criterios de vulnerabilidad en sus investigaciones para aplicar esta medida desde el inicio del proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo, a través de su resolución 003 de 2024, está trabajando en la capacitación de operadores judiciales para garantizar un enfoque de género. Además, se elaboraron guías pedagógicas para jueces y asistentes sociales, con énfasis en conceptos clave como marginalidad y maternidad.