Según Transparencia de Presidencia de la República, Meta es el primer departamento en sanciones por casos de peculado.
De acuerdo con el secretario de Transparencia, dependencia adscrita a la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, el Meta es el departamento en donde más se han registrado casos de peculado, en dus diferentes modalidades, lo que lo ubica en el deshonroso primer lugar de la tabla de clasificación de sanciones por casos de corrupción.
En el estudio, dado a conocer en el comienzo de esta semana, se hace un comparativo entre las sanciones disciplinarias, fiscales y penales en el período comprendido entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012. De acuerdo con el mencionado informe, Meta, además de ser el primer departamento en sanciones por peculado (56,6%) también se destaca por los castigos a funcionarios o ciudadanos por cohecho (31%) y en los delitos por concusión la cifra es del 6,9%.
En el apartado general de la sumatoria de todos los delitos tipicados como corrupción, la cosa cambia para el Meta al ubicarse en la posición 14 del listado nacional.
Según Galan Pachón, las cifras indican que en el Meta se registraon 58,91% sanciones por cada 100 mil habitantes. En sanciones disciplinarias el promedio fue de 14,37% por cada 100 mil habitantes; en las fiscales el promedio fue de 0,77%.
Pese a estas preocupantes cifras, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República descartó que el fenómeno de la corrupción vaya en aumento en el departamento del Meta.
Villavicencio, a nivel departamental, se ubicó en el primer lugar en sanciones fiscales, penales y disciplinarias con el 68%; le siguen los municipios de San Martín y Granada.
A nivel nacional se destacan por cifras negativas en temas de corrupción los departamentos de Quindío, Caldas, Caquetá, Amazonas y Guaviare.
Los delitos que el Código Penal Colombiano prescribe con relación a las actuaciones realizadas al interior de las instituciones públicas y que fueron sometidas a evaluación por la Secretaría para la Transparencia comprenden el peculado, cohecho, concusión prevaricato, celebración indebida de contratos y abuso de autoridad.
Estos resultados abren la posibilidad de entrar en un terreno en donde el debate público se convierte en una necesidad, no sólo en lo que respecta al ejercicio del poder por parte de los funcionarios públicos, los mecanismos de control y viglancia, sino también en lo referente al manejo transparente del dinero que nos pertenece a todos por el solo hecho de ser ciudadanos colombianos.