Defensoría alerta por impacto civil del paro armado del ELN

La Defensoría del Pueblo alertó sobre los riesgos para la población civil tras el anuncio del ELN de imponer un “paro armado” de 72 horas en los territorios bajo su influencia, a partir del 14 de diciembre. La medida, basada en amenazas y coerción, restringe la movilidad y la vida cotidiana, afectando principalmente a comunidades históricamente golpeadas por la violencia.

Según el organismo, este tipo de acciones no impactan a quienes el grupo armado dice dirigirse, sino que paralizan economías locales, obstaculizan el acceso a servicios esenciales como salud y educación, y aumentan el riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados y otras violencias, incluida la basada en género.

La Defensoría señaló que los denominados paros armados constituyen una forma ilegítima de control territorial y poblacional que infringe el Derecho Internacional Humanitario. En particular, vulneran la protección general de la población civil y la prohibición de actos o amenazas cuyo objetivo principal sea aterrorizarla, conforme a los Convenios de Ginebra y su Protocolo II.

Asimismo, recordó que ningún actor armado puede arrogarse funciones de autoridad ni imponer normas colectivas de convivencia. Las restricciones que impiden el abastecimiento y la satisfacción de necesidades básicas desconocen la obligación de proteger bienes indispensables para la supervivencia y pueden derivar en escenarios de desplazamiento o confinamiento forzado.

Ante el anuncio, la Defensoría activó mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales, con el fin de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades sobre la adopción de medidas de prevención, protección y atención humanitaria.

Finalmente, el organismo hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de la población civil, y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas inmediatas y coordinadas que garanticen la seguridad, la movilidad y el acceso a derechos fundamentales, con énfasis en niñas, niños, comunidades étnicas y población vulnerable.