En noviembre de 2025 esta banca del Gobierno abrió una convocatoria pública para adjudicar un contrato que tenía el siguiente objeto: La adquisición de maquinaria pesada para el desarrollo de actividades de construcción, mejoramiento de las vías en los sectores priorizados de los municipios de Tibu y Sardinata en el departamento de Norte de Santander; Roberto Payán y Tumaco en el departamento de Nariño; y Villa Garzón en el departamento de Putumayo”. El contrato tenía un presupuesto inicial de 15.215 millones de pesos y los recursos eran realmente del Fondo Paz.
Así funciona la Financiera de Desarrollo Territorial, la cual es una banca de inversión, que lo que hace es entregar créditos y administrar recursos de otras entidades para proyectos de infraestructura en todo el país, especialmente vías, con un presupuesto anual de alrededor de un billón de pesos y con el objetivo de apoyar a municipios de categoría 3,4,5 y 6 para cerrar las brechas sociales.
Los detalles del contrato por 15.000 millones
Los 15.000 millones de pesos eran del Fondo Paz, manejado por Presidencia, y Findeter debía encargarse del proceso, la convocatoria, la selección del contratista y la adjudicación final. También está a su cargo la interventoría. El propósito era comprar maquinaria amarilla para la construcción de vías en Nariño, Norte de Santander, y Putumayo en municipios afectados por la violencia y la presencia de actores armados.
La apertura de la convocatoria se dio el 13 de noviembre de 2025 y se debían recibir propuestas del 14 al 19 de noviembre. Luego, se recibirían las propuestas económicas, los documentos necesarios, las certificaciones y un comité evaluador escogería al mejor grupo para quedarse con el contrato.
Como en el caso de Centros Poblados, a este tipo de procesos suelen presentarse uniones temporales compuestas por varias empresas o grupos de empresas que deben llenar unos requisitos, tener unas garantías bancarias y los llamados cupos crédito para participar. Tienen que tener viabilidad económica, presentar experiencia en el sector durante años y garantizar que tienen sus finanzas saneadas para poder cumplir con el contrato.
El 25 de noviembre se recibieron finalmente tres propuestas. Unión Temporal M&B conformada por Moto Mart SAS e industrias búfalo.
Finalmente, a pesar de por lo menos cinco prórrogas, Findeter decidió cancelar la convocatoria en diciembre y no adjudicar el contrato. Quien no presentó en los tiempos indicados el documento de constitución fue la Unión Temporal Moto Mart e Industrias Búfalo.
La financiera estatal decidió entonces abrir otro proceso para el mismo contrato buscando por fin la esperada adjudicación, pero adicionando 3 mil millones de pesos más. El contrato ahora sería de 18.000 millones de pesos y se presentaba ahora una contratación por grupos: grupo 1 retroexcavadora; grupo 2 volqueta; grupo 3 moto niveladora; grupo 4 buldócer; grupo 5 excavadora; y el grupo 6 vibrocompactador. Un solo oferente podía ganar todos los grupos por 18.000 millones de pesos. El nuevo proceso se abrió el 26 de diciembre del año pasado y se publicaría el informe final el 23 de enero. El 7 de enero se recibieron seis propuestas, pero cuatro fueron rechazadas y pasaron dos proponentes: Unión Temporal M&B conformada por Moto Mart e Industrias Búfalo y Partequipos Maquinaria SAS.
La primera gran sorpresa llegó cuando en uno de los comités financieros se estableció que la carta cupo de la Unión Temporal M&B: Motomart e industrias búfalo, había sido adulterada, según el banco.
MotoMart adjuntó una carta cupo del banco de Bogotá, con los logos del Banco de Bogotá, las fuentes de texto del Banco de Bogotá, firmada supuestamente por una ejecutiva comercial del Banco de Bogotá, con la confirmación de un crédito con cupo de hasta 21.970 millones de pesos. Pero esa certificación fue declarada falsa por el propio Banco de Bogotá.
En la página 44 del propio proceso de Findeter se lee lo siguiente: “La carta aportada por el proponente unión temporal M&B, a través de su integrante MotoMart SAS, expedida presuntamente por el Banco de Bogotá, fue remitida a la entidad financiera para su respectiva confirmación”.
El Banco de Bogotá respondió lo siguiente: “no corresponde a la carta que nosotros emitimos. El cliente, aunque tiene cupos vigentes, no cuenta con la línea de carta cupo, lo cual se evidencia en el correo mediante el cual enviamos la certificación que se adjunta. Adicionalmente, aunque el documento se encuentra dirigido a Findeter, no se indica la convocatoria a la cual hace referencia el documento que usted nos adjunta”.
Aunque el otro proponente cumplía con la mayoría de requisitos, por segunda vez, el proceso se fue abajo el 29 de enero pasado y la licitación se declaró desierta por parte de Findeter.
El 29 de enero, el comité fiduciario de Findeter votó la declaración de proceso desierto. Esto sucedió desde las 6:05 de la tarde hasta las 11:50 de la noche. Ese mismo día, el 29 de enero, a las 10: 30 de la noche, Findeter decidió que era una buena idea buscar una contratación directa para ese mismo proceso.
Seis directivos de Findeter, entre los que están el secretario general de la entidad, Iván Alirio Ramírez, y el actual presidente de la entidad, Carlos Saad, decidieron correr para conseguir un contratista directo que en más de un mes de proceso con dos cancelaciones y más de seis grupos de empresas no lograron concretar.
La contratación directa antes de la ley de garantías
El milagro llegó solo unas horas después, el 30 de enero: 18 mil millones de pesos de manera directa fueron contratados con el consorcio MAQ 2026 antes de que se abriera la ley de garantías. Solo un día antes. El consorcio es representado por Kelly Patricia Almanza Correa; Serafín Antonio Urrea de la empresa El Transportador SAS y Annie Yohai Macea Cano de la empresa EMARCO con un 70 % en el contrato.
Pero todavía hay una sorpresa mayor. Para entregar el contrato de manera directa, el nuevo consorcio debía adjuntar sus certificados de experiencia como distribuidor de la maquinaria y comercializador de maquinaria pesada.
Las cartas de certificación llegaron de empresas como Sinotruk. Sinotruk certificó que el único concesionario para la comercialización de sus prodcutos en Colombia era Motomart, una de las empresas que había presentado previamente certificaciones financieras cuestionadas, por lo que se descalificó en la adjudicación inicial.
Es decir, un viejo proponente descalificado por una carta cupo del Banco de Bogotá que nunca existió, volvió a aparecer como por arte de magia en la nueva contratación directa de 18.000 millones de pesos.
Aquí viene lo más grave.
Dentro de las certificaciones que entregó el nuevo consorcio MAQ 2026, aparece una carta de la Distribuidora Nissan, nada más y nada menos.
La certificación dice lo siguiente: “Certificamos que tenemos relaciones comerciales como distribuidor del grupo inversionista El Transportador desde hace más de 5 años”.
Estamos hablando de DINISSAN, una de las compañías más grandes del mundo en el sector automotriz y que también fabrica maquinaria pesada.
LA FM tiene en su poder un documento del 11 de marzo en el que la representante judicial de DINISSAN, Cyslin Yelitza Sánchez, advierte que la certificación presentada para ganarse los 18.000 millones de pesos es falsa.
El documento que revela esta emisora y que debería significar una investigación inmediata de la Fiscalía General, dice lo siguiente: Nuestra organización ha tenido conocimiento de que dentro de la documentación presentada por el mencionado consorcio MAQ 2026 podrían haberse aportado certificaciones, referencias comerciales, acreditaciones de experiencia u otra información en la cual se hace mención directa o indirecta a nuestra compañía Distribuidora Dinissan, circunstancia que reviste especial relevancia para nuestra organización, en la medida en que dicha información podría involucrar nuestro nombre, experiencia relaciones comerciales o documentación institucional”.
Sigue la carta: “Hemos tenido conocimiento de la existencia de un documento presentado dentro de dicha propuesta, el cual se adjunta como anexo, y que no corresponde a una comunicación nuestra”. “Que no corresponde a una comunicación nuestra”.
Y sigue “Teniendo en cuenta que se hace referencia a nuestra organización, resulta necesario realizar una verificación detallada de su contenido, alcance y procedencia toda vez que no resulta clara la veracidad ni la procedencia de dicho documento”.
Findeter entregó el contrato por 18.000 millones de pesos de manera directa, un día antes del inicio de la ley de garantías, a un consorcio al que DINISSAN cuestiona el pasado 11 de marzo de haber entregado una certificación empresarial de su compañía completamente falsa.
Las relaciones del expresidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, con congresistas del Partido Liberal están probadas por su familiaridad especialmente con la representante del Atlántico, Jezmi Barraza, y el grupo que reúne a las congresistas Kelly Johana González, Karime Cotes, y María Eugenia Lopera.
La FM envió un cuestionario al secretario general de la entidad. La compañía respondió con dos documentos extensos. En el primero de ellos, explica de manera detallada el proceso, la forma en la que se decidieron las adendas como términos de referencia para que los oferentes pudieran hacer comentarios y continuar con el proceso y finalmente adjudicar.
La segunda respuesta es una confirmación de la certificación irregular del Banco de Bogotá. Findeter decidió realizar una denuncia penal contra Motomart el pasado 02 de febrero en la Fiscalía General. La compañía no advirtió públicamente esta denuncia pero en ella adjunta la certificación del banco y las conclusiones del comité financiero que concluyó, tras una respuesta del banco, que esta era falsa.
Sobre la certificación de Dinissan, Findeter contestó que no conocía que hubiese una reclamación por esa certificación. “En desarrollo de las convocatorias mencionadas y la contratación directa, no existió documento alguno mediante el cual Dinissan señalara la falsedad de certificaciones a su nombre”
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