Nueva sentencia de restitución de tierras favorece a campesino del Alto Tillavá en Puerto Gaitán

Rafael*, desde hace más de diez años decidió empezar a trabajar por la comunidad de Alto Tillavá. Sus labores sociales, desempeñadas a través de la junta de acción comunal, eran alternadas con la pesca, actividad que acostumbraba a desarrollar a las orillas del río Tillavá.

En el predio, en el que vivía con su compañera y sus dos hijas, se dedicaban a la explotación de cultivos de frutas, plátano y yuca, así como a la ganadería.

Para el año 2003, época en la inició la ocupación de un terreno de 74 hectáreas, las disputas territoriales entre la guerrilla y los paramilitares se habían convertido en el pan de cada día.

Esto, debido a que, para la época, Alto Tillavá seguía constituyéndose como una amplia zona cocalera en el departamento. Fue precisamente, en medio de aquellas pugnas, cuando este campesino y su familia fueron trágicamente victimizados.

Ya la inspección de Alto Tillavá, tiempo atrás, había sufrido en tres de sus caseríos incursiones paramilitares que dejaron un amplio número de pobladores desplazados. A Rafael*, el turno le llegó en el 2006.

Sus constantes acercamientos al río debido a la práctica de la pesca, despertaron en la guerrilla sospechas injustificadas.

El solicitante fue tachado de ser colaborador del grupo paramilitar que frecuentaba en esa parte de la vereda, razón por la cual fue citado por las Farc-ep para advertirle que debía abstenerse de realizar sus actividades.

Así las cosas, y con serias amenazas encima, Rafael* saldría desplazado hacia San José del Guaviare, mientras que su compañera e hijas no tuvieron más salida que ir a Villavicencio.

Hoy, años después de esa pesadilla, este líder comunitario y su familia son testigos de cómo la justicia vuelve al campo llanero.

Ahora, de la mano de la Unidad de Restitución, podrán acceder a mecanismos reparativos como proyectos productivos, alivio de pasivos, subsidio de salud y vivienda rural. De esta sentencia, es necesario destacar la decisión del juez sobre la titulación, ordenando al Incoder que el predio sea adjudicado tanto al solicitante como a su compañera permanente.

A través de esta acción, también se reivindica el derecho a la propiedad, a la tierra y a la reintegración económica por parte de la mujer en la actividad agrícola y la economía campesina.