Nueva EPS arrastra pérdidas por $4,8 billones

Nueva EPS llega al próximo cambio de Gobierno con una situación financiera marcada por un fuerte desequilibrio: pérdidas de $4,8 billones durante 2024, pasivos por $22,5 billones y un patrimonio negativo de $11,9 billones, según sus estados financieros.

Uno de los principales problemas de la entidad está relacionado con los recursos pendientes por recibir. La EPS reporta cuentas por cobrar por $9,51 billones, una cifra cercana al 90 % de sus activos, gran parte correspondiente a dineros que debe girar el Estado, especialmente a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Dentro de esas cuentas aparecen $5,49 billones registrados como deudas del sistema y $1,14 billones pendientes por recobros de servicios y tecnologías no cubiertas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Algunos de estos recursos llevan varios años en trámite sin desembolso.

El impacto financiero también se refleja en las obligaciones con clínicas y hospitales. Nueva EPS acumula $4,21 billones en servicios de salud prestados y facturados que aún no han sido pagados, mientras sus reservas técnicas alcanzan los $11,5 billones.

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Durante 2024, la entidad recibió ingresos por $22,2 billones, principalmente por la UPC, pero destinó $26,4 billones a la atención de sus afiliados. Esto generó un déficit operativo que llevó a una pérdida anual de $4,8 billones.

La administración de la EPS sostiene que parte de la deuda corresponde a obligaciones acumuladas de años anteriores y asegura que la revelación de los estados financieros busca transparentar la situación y avanzar en un proceso de reorganización.

El agente especial interventor, Jorge Iván Ospina, afirmó que el reconocimiento de las cifras permite aclarar las obligaciones pendientes y aseguró que el escenario no implica necesariamente una liquidación de la entidad.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la crisis y afirmó que cerca de la mitad de la deuda de Nueva EPS correspondería al Estado. Según el mandatario, esos recursos deberían reconocerse como una obligación pública y pagarse mediante vigencias futuras.

La situación financiera de la EPS se convierte en uno de los principales retos para la próxima administración, en medio del debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano.