Nadie le pidió diploma para llegar al Congreso pero uno falso le habría servido para cobrar $78 millones y ahora sus 182 colegas quedan bajo sospecha.
La solicitud que radicaron el 21 de noviembre los representantes Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático, para que la Comisión de Ética verifique los diplomas de bachillerato, pregrado y posgrado de los 183 integrantes de la Cámara llegó apenas dos días después de que la Universidad Nacional informara que no tenía registro alguno de que la representante Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico por Antioquia, hubiera cursado Ingeniería de Minas y Metalurgia en su sede de Medellín. A esa respuesta se sumaron, en cuestión de horas, la declaración de la exdecana cuya firma aparece en el diploma, que aseguró no haberlo firmado; la aclaración del Copnia, que dijo no haberle expedido nunca tarjeta profesional; y un registro del Sistema Integrado de Matrículas que la ubica en grado octavo en 2017, el mismo año en que está fechado su diploma de bachiller. La Procuraduría abrió investigación y su partido remitió el caso a su comité de ética, de modo que la secuencia deja una conclusión incómoda: la institución que guardaba esos documentos en sus archivos solo sintió la necesidad de mirarlos cuando la prensa ya lo había hecho por ella.
Sería cómodo tratar el episodio como la extravagancia de una sola congresista; sin embargo, las cifras que el propio Congreso tiene sobre la mesa muestran que la falsificación de títulos en Colombia es un mercado estable, con oferta, demanda y precios conocidos. La exposición de motivos del Proyecto de Ley 019 de 2026 cita un estudio de la firma Competencia Humana según el cual, de 15.000 títulos revisados, el 14,4 % resultó falso, y la mayoría de esos falsos no eran diplomas universitarios sino de bachiller, que es precisamente el primer documento que hoy se le cuestiona a Estrada. El mismo texto recuerda que una red desmantelada en agosto de 2022 cobraba entre 8 y 26 millones de pesos por cartón. Cuando un bien se vende a precios relativamente estables y con clientela suficiente para sostener redes organizadas, el problema deja de ser moral y pasa a ser estructural, porque revela que alguien, en algún punto de la cadena, está dispuesto a pagar por la apariencia de una formación que nadie se toma el trabajo de comprobar.
| Nivel del título falso | Participación en el total de falsos |
|---|---|
| Bachillerato | 65 % |
| Técnico | 21 % |
| Profesional o especialización | 14 % |
Fuente: Competencia Humana (2018), muestra de 15.000 títulos con 14,4 % de falsos. Citado en la exposición de motivos del PL 019 de 2026 Cámara (Gaceta del Congreso 875 de 2026).
La pregunta obvia es por qué alguien falsificaría un título para ocupar un cargo que no lo exige, ya que el artículo 177 de la Constitución solo pide, para llegar a la Cámara, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años, y los propios autores de la solicitud aclaran que no pretenden evaluar requisitos de formación sino autenticidad. La respuesta está en el camino que conduce a la curul. Según documentos publicados por La Silla Vacía, la certificación de idoneidad con la que la DIAN contrató a Estrada en marzo de 2025 por 78 millones de pesos exigía título profesional y dos años de experiencia, y en ella figura el diploma de ingeniera que hoy la universidad desconoce; por esa razón la entidad prepara una compulsa de copias. En consecuencia, el cartón no compra la curul, pero sí compra el currículo que la antecede: el contrato público, la experiencia certificada, la trayectoria que después se presenta al electorado como mérito. Por eso la legislación penal es severa con el uso de documento público falso, que, como recordó El País el 19 de noviembre, se castiga con penas de cuatro a doce años de prisión.
La economía tiene desde hace décadas una explicación para este fenómeno, porque Michael Spence mostró en 1973 que un título funciona como una señal cuyo valor depende de que sea costoso obtenerlo, de modo que quien lo exhibe transmite información creíble sobre su esfuerzo y su capacidad. Cuando un falsificador puede venderlo por unos cuantos millones, la señal se abarata y contamina a todos, como en el mercado de autos usados que describió George Akerlof, donde el comprador que no puede distinguir el carro bueno del defectuoso termina desconfiando de ambos y pagando menos por cualquiera. La sociología agrega una capa que en Colombia resulta especialmente reconocible, la del credencialismo estudiado por Randall Collins, según el cual en sociedades donde el título de «doctor» abre puertas antes que la competencia demostrada, el diploma vale más como llave de acceso que como prueba de conocimiento. Así, quien falsifica no solo miente sobre su propia biografía, sino que devalúa el título de quien sí pasó años en las aulas de Medellín y que ahora deberá competir bajo una sospecha que no fabricó.
Lo más revelador del caso, sin embargo, no está en la congresista sino en la lentitud con que el Estado ha construido la herramienta que habría evitado el escándalo. El Proyecto de Ley 019 de 2026, que obliga al SNIES a ofrecer una consulta pública nominal de los títulos de educación superior expedidos en el país, fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta el 26 de octubre y espera plenaria; su origen, no obstante, es una iniciativa ciudadana de 2017 que ya fracasó dos veces, porque los proyectos 292 de 2022 y 292 de 2024 se archivaron sin que el Congreso surtiera los debates necesarios. A ello se suma una ironía que ningún guionista se habría atrevido a escribir: según El Tiempo, Estrada figura entre los 21 autores de la iniciativa. Nueve años para construir una ventanilla de consulta que cualquier contratante podría usar en minutos contrastan con la rapidez con la que, en una sola tarde, la verificación se convirtió en arma de batalla política.
| Concepto | Valor aproximado | Fuente |
|---|---|---|
| Precio máximo de un título en una red desmantelada (2022) | $26 millones | Exposición de motivos PL 019 de 2026 |
| Ingreso mensual bruto de un congresista (2026) | $51,6 millones | La República (marzo de 2026) y El País (julio de 2026) |
| Contrato de Estrada con la DIAN (2025) | $78 millones | La Silla Vacía (noviembre de 2026) |
| Ingreso bruto de un cuatrienio (48 meses) | $2.477 millones | Cálculo propio con base en el ingreso mensual |
Cifras en pesos corrientes. El cuatrienio es una estimación que no incluye prestaciones ni reajustes.
La universidad, conviene subrayarlo, respondió en cuanto le preguntaron, de manera que la falla no está en quien expide los títulos sino en la cadena de funcionarios que nunca consultó. La Subdirección de Compras de la DIAN certificó una idoneidad que una simple consulta al Copnia habría desmentido, y el entonces director de la entidad, Luis Eduardo Llinás, afirma haber sido «asaltado en su buena fe», a pesar de que luego integró la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista entre julio y septiembre de este año. El patrón no es nuevo ni exclusivo de un partido, porque Juliana Guerrero, postulada al viceministerio de Juventudes, aceptó en septiembre un preacuerdo con la Fiscalía por títulos de la Fundación San José que obtuvo sin cumplir el plan de estudios. La aritmética es elocuente: verificar cuesta una consulta y unos minutos, mientras que no hacerlo puede costar un contrato de 78 millones y una curul que, después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que reducía el salario de los congresistas, sigue pagando más de 50 millones de pesos al mes.
Hay, por último, una dimensión política que no conviene pasar por alto, porque la solicitud de revisar a los 183 representantes la presentan dos partidos de oposición justo cuando la cuestionada pertenece a la bancada de gobierno, y esa coincidencia convierte un mecanismo de control en un instrumento de disputa. Cervantes lo intuyó en el capítulo III del Quijote, cuando un ventero arma caballero al hidalgo con un espaldarazo, una pescozada y la lectura solemne del libro donde apuntaba la paja y la cebada; la ceremonia era impecable, pero no había institución detrás. La Cámara ha funcionado durante años como esa venta, recibiendo cartones, archivándolos y dándolos por buenos, y ahora pretende hacer de ventero arrepentido. Si la verificación solo despierta cuando el sospechoso milita en la otra orilla, no es control sino cacería; por eso la salida no puede ser una auditoría de ocasión, sino una regla permanente: cruce automático con el SNIES y los consejos profesionales para todo contrato estatal que exija título y para todo candidato que declare estudios, resultados públicos y responsabilidad disciplinaria para el funcionario que certifique idoneidad sin comprobarla. La plenaria tiene el Proyecto 019 sobre la mesa, y la pregunta que queda es si la Comisión de Ética revisará de verdad a los 183 o si le bastará con haber encontrado una.