Migración Colombia e ICBF presentan balance sobre derechos y protección de menores migrantes en el país.
El 90 % de la niñez migrante venezolana en Colombia cuenta con el Permiso por Protección Temporal (PPT), según el primer boletín ‘Garantía de los derechos de la niñez migrante’, presentado por Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El documento ofrece un análisis detallado sobre la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y retornados en el país.
De los casi 2,8 millones de migrantes venezolanos, el 28,4 % son menores de edad. El Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) y el PPT, vigente hasta 2031, buscan garantizar la continuidad de sus derechos fundamentales, incluyendo educación, salud y acceso a servicios básicos.
En septiembre de 2025, se implementó el PEP-Tutor, mecanismo que permite a cuidadores o representantes legales de menores tramitar su regularización, beneficiando potencialmente a más de 270.000 niñas y niños. Esta medida fortalece la protección integral y facilita el acceso de sus familias a empleo y educación formal.
El boletín alerta sobre un incremento del 58,7 % en casos de violencia contra la niñez migrante entre 2019 y 2024, vinculado a movilidad irregular, rutas inseguras y separación familiar. El ICBF atendió a más de 61.000 menores en programas de prevención y primera infancia durante 2024.
Las autoridades han fortalecido la atención a menores en riesgo mediante la Política Institucional de Derechos Humanos – Red Migrante y la Hoja de Ruta Interinstitucional para la Protección de Niños y Adolescentes afectados por el Tráfico de Migrantes, garantizando atención médica, judicialización de responsables y restablecimiento de derechos.
Además, Migración Colombia reportó 400 casos de falsificación de documentos de menores y la inadmisión o expulsión de 133 extranjeros por posibles agresiones sexuales. “Colombia no es solo punto de salida, sino también de retorno y acogida. Nuestra prioridad es que ningún niño o niña migrante quede fuera de la protección del Estado”, afirmó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.