Ministerio de Justicia reconoce falta de recursos para crisis carcelaria

Por la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia, la Corte Constitucional hizo una audiencia pública donde en donde varias entidades estatales, organizaciones sociales y expertos en el tema expresaron su posición sobre esta problemática. Una de las intervinientes fue la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien reconoció que el Estado colombiano carece de recursos para solucionar la crisis carcelaria en el país.

La ministra aceptó el estado de cosas inconstitucionales por la vulneración de los derechos fundamentales de esta población. Acepta, de igual manera, los diagnósticos poco alentadores de las organizaciones que retrataron la situación, que hay “muchas” tareas por hacer y que la solución es de todos y no únicamente del Gobierno Nacional. “Al principio creí que el problema era irresoluble, pero esto sí tiene solución”, comentó la ministra, quien habló de humanizar la problemática de la crisis carcelaria.

Además de la falta de recursos, la ministra expresó otros problemas como la disminución del presupuesto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), las fallas en la justicia por las recapturas permanentes por un mismo delito y las demoras en los procesos para tomas decisiones. Dijo, además, que el cierre de varios centros penitenciarios complicó la situación, por lo que cuestionó el traslado de reclusos y la erradicación de la crisis carcelaria de manera definitiva.

También criticó las leyes de presupuesto que, en su criterio, produce el gasto de más recursos y habló de varios proyectos para atacar esta problemática que el encomendó el presidente de la República, Iván Duque. Una de ellas es modificar el Código Penal “porque muchas penas no se compadecen con el tipo de delito”. Con la Fiscalía y la Procuraduría, según Borrero, el Ministerio de Justicia está trabajando en estrategias para establecer una política de justicia restaurativa.

Indicó, también, que se está explorando la alternativa de la inversión privada, las Asociaciones Público-Privadas y otros tipos de financiamiento para subsanar la crisis carcelaria. Lo que buscará, conjuntamente, es que las cárceles sean sostenibles y que los recursos, a través de varias modalidades, puedan trabajar. Por último, les envió un mensaje a los 83 sindicatos para que los reduzcan con el fin de que encontrar espacios de diálogos. “Tenemos un Estado con muchas limitaciones”, afirmó.

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El fiscal general Néstor Humberto Martínez también participó y habló sobre el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en varias zonas del país. Dijo que el nivel de hacinamiento está en 246% y citó, a manera de ejemplo, la situación en centros penitenciarios del Tolima, Cali y Cauca, así como casos extremos como Bogotá y Medellín. Es tal la situación que, según el fiscal, se han acomodado carpas en espacios públicos por el nivel de hacinamiento.

Igualmente, comentó que hay delitos, como la demanda de alimentos o el daño en bien ajeno, que contribuyen a la crisis carcelaria, pues afirmó que deberían haber otras instancias para solucionarlos. Y habló de los recursos para solucionar la crisis carcelaria: “Los recursos sí existen. En estos dos años hemos incautado bienes por más de $10 billones. Cinco veces lo que, según el informe que le entregó el Ministerio de Hacienda al país, pagaron los colombianos en 2018 por impuesto de renta (…).¿dónde están? están en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que se convirtieron en activos móviles e inmovilizados (…)”, dijo. Y agregó: “Recursos es lo que hay, pero necesitamos ejecución de esos activos incautados y que están a disposición de esta política pública. No puede haber política penitenciaria en medio de la miseria fiscal”, afirmó el fiscal general.

Asimismo, el fiscal general expresó que la Fiscalía no puede detener sus labores investigativas por la crisis carcelaria, que se necesita una política “con determinación” para que haya nuevos cupos en el sistema penitenciario y, por otro lado, cuestionó la extradición de varias personas por la crisis penitenciaria. “Si esto no se soluciona sería echarle llave a la Fiscalía General”, comentó.

Al igual que la ministra de Justicia, el consejero presidencial de seguridad, Rafael Guarín, reconoció el estado de cosas inconstitucionales y dijo que el tema es de especial interés para el presidente Duque, quien, según su intervención, está realizando un trabajo articulado con el fin de solucionar los inconvenientes. Sin embargo, dijo que los avances han sido insuficientes.

Ante los magistrados de la Corte Constitucional, Guarín cuestionó que, varios años después de la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, el Gobierno anterior no haya tomado cartas en el asunto. El Gobierno, según el consejero, viene trabajando en la opción de una política criminal de carácter preventivo que contribuya a la lucha de la impunidad, así como a la satisfacción de los derechos y la resocialización de los reclusos. “Una política que cumpla con la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, sostuvo Guarín, quien comentó que ha habido ideas que no han dado resultados y que, por el contrario, han agravado la situación.

Por su parte, Matilde Mendieta Galindo, directora de la Uspec, habló sobre la “inflexibilidad” para generar cupos en los centros penitenciarios. Entre los problemas expuestos se encuentran, por ejemplo, el metraje mínimo exigido por la Corte Constitucional, el mantenimiento de los establecimientos de reclusión de primera generación, los riesgos en el suministro del servicio público, lotes que no cumplen con los requerimientos, constantes adecuaciones de inmuebles que antes funcionaban como vivienda, entre otras problemáticas.

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Sobre esta situación, la defensora delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría de Pueblo, Paula Robledo Silva, comentó: “Es muy preocupante que el índice de hacinamiento, a pesar de que en los últimos años han aumentado los cupos, porque sigue entrando la población y los cupos no son suficientes. Estamos hablando que casi el 50% de la población carcelaria presenta un índice de hacinamiento. Aquellos que tienen hacinamiento crítico es que sea superior al 20% de su capacidad. Las cifras resultan preocupantes”.

Ricardo Rodríguez, vicecontralor general, afirmó que hay situaciones por mejorar y que se está evaluando qué tipo de responsabilidades fiscales por malas prácticas. “Lo que la Contraloría ha encontrado son imperfecciones en temas como la salud de la población carcelaria y en el abastecimiento de medicamentos. También hemos encontrado (fallas) en los servicios públicos de los centros carcelarios y obviamente preocupa que no se está asegurando el mínimo vital de 15 litros por cada recluso”.

Rodríguez también concuerda con problemas de infraestructura “que llevan al índice de que el 88% de los establecimientos carcelarios tienen obsolescencia”.

La Procuraduría también sentó su posición sobre la crisis carcelaria. Carlos Medina Ramírez, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, aseveró que la infraestructura carcelaria, con deficiencias, impide hablar de “avances integrales” para proteger los derechos de los detenidos. Igualmente, destacó el cumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales para encontrar soluciones que afectan a la población. “Es concluyente afirmar que el modelo de atención en salud para la población privada de la libertad no ha sido implementado en su integridad según lo establecido (…) y por ende el derecho fundamental a la salud de la población carcelaria no está siendo reconocido completamente".

Ramírez también expresó que el observatorio de política criminal debe ser fortalecido porque, en su criterio, han faltado informes sobre las estadísticas en materia de criminalidad que permiten tomar decisiones. Y sobre el hacinamiento concluyó: “Se derivan las mayores restricciones al goce efectivo de derechos de quienes son privados de la libertad, comenzando desde la limitación de acceder a una celda con mínimos espacios determinados, hasta la posibilidad de contar con un cupo para redención de la pena y de resocialización, pasando por otras restricciones como la de acceder a oportunos servicios de salud, alimentación, recreación y servicios públicos”.

La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, de la cual hace parte Dejusticia, organizaciones sociales y civiles, aseguró que la prestación del servicio de salud “reproduce lógicas” que no permiten la atención médica integral. “Es difusa, toda vez que el sistema está basado en la intermediación y en la tercerización, haciendo que la relación entre personas privadas de la libertad, el Inpec, la Uspec, la Fiduprevisora, la empresa prestadora de salud y el profesional de la salud sea confusa”. Igualmente, la Comisión identificó como otro obstáculo la inexistencia de perfiles epidemiológicos, pues ha impedido el diseño y ejecución de programas de prevención en material de salud.