El proyecto también contempla atención en salud mental y alivios en determinados plazos tributarios para las víctimas.
El representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, radicó un proyecto de ley para proteger a las víctimas de extorsión rural y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.
La iniciativa establece que bancos, billeteras digitales, empresas de giros y cooperativas deberán preservar, en máximo dos horas, la información relacionada con pagos extorsivos. La medida no congela el dinero, pero evita que se pierdan datos clave mientras la Fiscalía adelanta el proceso judicial. Además, las entidades financieras y de telecomunicaciones deberán entregar la información requerida dentro de las 24 horas siguientes.
El proyecto también contempla atención en salud mental y alivios en determinados plazos tributarios para las víctimas, así como un canal reservado a través de los grupos GAULA. También propone reforzar los controles sobre celulares y conexiones eléctricas irregulares en cárceles de mayor riesgo.
“Denunciar una extorsión no puede significar que la víctima quede sola frente al criminal. Tenemos que proteger a las personas y actuar antes de que desaparezcan el dinero, las llamadas y las pruebas”, afirmó Carreño.
En el Meta, los casos registrados de extorsión pasaron de 366 en 2021 a 819 en 2024, un aumento del 124 %.