Migración tensiona finanzas del Estado, alerta la Contraloría
El ente de control advirtió este 19 de junio sobre el impacto fiscal y social de la migración en Colombia y pidió mayor respuesta institucional.
La Contraloría General de la República alertó sobre las graves consecuencias fiscales y sociales que genera la migración en Colombia, tras revelar los resultados de un estudio intersectorial que evidenció falencias estructurales en la implementación de la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes entre 2016 y 2023. La advertencia se dio en el marco del foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en Quibdó.
Según el informe, al menos 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, lo que ha representado un gasto de $2,93 billones, con un crecimiento sostenido que compromete la sostenibilidad de los recursos públicos. La Contraloría señaló que muchas de las entidades involucradas no cuentan con presupuesto específico para atender esta problemática, por lo que recurren a partidas de funcionamiento sin claridad sobre su suficiencia.
El estudio evidenció vacíos normativos, descoordinación interinstitucional, baja apropiación territorial de la política y desconocimiento del problema por parte de gobiernos locales, que no han destinado recursos para su prevención. Además, Migración Colombia no dispone del recurso humano necesario para enfrentar el incremento de los flujos migratorios.
Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento del flujo migratorio de retorno, provocado por las nuevas restricciones en Estados Unidos, lo que ha invertido el patrón migratorio hacia el sur. Entre enero y abril de 2025, 7.592 migrantes ingresaron por mar desde Panamá a Chocó, la mayoría mujeres, niños y adolescentes en alto riesgo.
En paralelo, el modelo “Costo Migrantes” reveló una alta concentración migratoria en departamentos como Antioquia, Nariño y Putumayo, lo que ha generado presión sobre la infraestructura y los servicios públicos, especialmente salud, educación y subsidios, con fallas en el registro y duplicidad en la atención.
La Contraloría hizo un llamado urgente a fortalecer la gobernanza, coordinar esfuerzos interinstitucionales y focalizar recursos en los territorios más afectados, con el fin de atender de manera adecuada a la población migrante, garantizar su protección y mitigar los impactos sobre el presupuesto nacional y los servicios públicos.