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Meten en cintura a los extractores de material en el río Guatiquía

 Mediante decreto, Alcaldía prohíbe extracción de material en margen derecha del río Guatiquía para evitar afectación a habitantes de la comuna cuatro.

Dio a conocer el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona que mediante decreto 041 de 2013, se prohibió el tránsito de vehículos tipo volqueta con capacidad superior a cinco toneladas que transporten material extraído de la margen derecha del río Guatiquía desde la carrera 26, entre las calles 35 y 45 del municipio, área que responde a los barrios que colindan con este río como Covisan, Santa Helena y sus alrededores.

La decisión es producto de las constantes quejas presentadas por los habitantes de la zona como consecuencia del aumento en la demanda de material de extracción del río Guatiquía.

Sin embargo, destacó el ejecutivo que la asignación de títulos mineros no está en sus manos, sino que es autonomía del gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas y Energía.

Añadió Zuluaga Cardona que las empresas mineras que deseen extraer material del río insignia de Villavicencio deberán cumplir con todas las condiciones de higiene y seguridad vial que exige la normatividad vigente. Y para velar que sean acatadas las leyes que rigen la explotación minera, se creó un grupo interinstitucional conformado por profesionales de las Secretarias de Movilidad, Medio Ambiente, Infraestructura y Planeación, en aras de brindar una solución definitiva a esa problemática.

Los conductores de vehículos pesados que infrinjan este decreto que entrará en vigencia en las próximas horas se verán avocados a cumplir diversas sanciones. Entre ellas se destaca el pago de una multa cercana a los 300 mil pesos e inmovilización del vehículo.

Además, a los reincidentes se les podría duplicar la sanción pecuniaria.

El decreto permite la actividad denominada ‘Barequeo’, extracción de material realizada de forma artesanal. No obstante, se exige esté ceñida al código de Minas, Ley 685 de 2001 y, demás normas ambientales.

“Esto se hace para proteger una comunidad que está haciendo un reclamo justo, que desde hace un poco más de doce años viene pidiendo una solución definitiva. Aquí hay una decisión de fondo. No se trata solamente de evitar que los niños se enfermen por el polvo o para que las volquetas no dañen la vía, sino también proteger el dique sobre el Río Guayuriba construido en administraciones anteriores con una inversión enorme. Obra que está en riesgo de amenaza actualmente”, concluyó Zuluaga Cardona.