¿Más recursos para la salud en el Meta?

 En un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la salud y ciudadanía en general, la ministra Carolina Corcho explicó avances de la Reforma a la salud y destacó el modelo de Atención Primaria en Salud que se implementa en Villavicencio, pionero en todo el país.

“Ha sido un programa juicioso, con una inversión significativa sobre la política social más importante para el cuidado de la vida en Colombia; es lo que está haciendo Villavicencio con los 200 profesionales y los 30 equipos que, de manera permanente, se encuentran en los territorios y con las comunidades más afectadas y vulnerables de la ciudad”.

El reto del departamento es lograr que el programa -además de preventivo como ya lo es-, a través del desplazamiento y la acción de los profesionales de la salud en los territorios, sea también predictivo, de modo que el derecho tenga carácter universal y se garantice en igualdad de condiciones a toda la población. Uno de los objetivos es lograr que el paciente logre acceder a una atención especializada oportuna y al suministro de medicamentos, sin que medie autorización distinta a la orden médica y sin desplazarse lejos de su lugar de residencia.

El modelo propuesto tiene un alcance muy importante, puesto que entiende la integralidad del sistema y convoca a otras instancias para que garanticen su universalidad. “Es la posibilidad de que, a través de esos equipos extramurales en todo el territorio colombiano, se articulen más respuestas

del Estado desde otros sectores para solucionar problemas de salud y poder cuidar la vida en Colombia”.
La ministra también habló del sistema de salud como un modelo integral que previene la enfermedad y responde a ella a través de un servicio efectivo de calidad. La salud implica también tener acceso a agua potable, sistema de alcantarillado y unas condiciones de vivienda y medioambientales óptimas para la vida.

“Luego el programa no solo está dirigido a detectar enfermedades sino a conocer y a mejorar las condiciones en las que viven las familias y sus hogares, puesto que estos pueden ser factores de riesgo que estén generando la enfermedad”, agregó la jefe de la cartera.

Asimismo, la funcionaria informó que para 2023 se direccionará una suma importante del dinero correspondiente al régimen subsidiado en salud.

“Ya el 31 de diciembre se publicó la resolución que establece el subsidio obligatorio de un porcentaje importante de esos recursos en todo el país, para que estos fluyan de manera directa a las Empresas Sociales del Estado y permitan la contratación de equipos extramurales con auxiliares y jefe de enfermería, odontólogo, médico y equipos complementarios, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas de la población”.

En ese sentido, el diagnóstico en los territorios será la ruta que defina la cantidad y característica de los equipos médicos enviados. “Si tengo una población con problemas de salud mental, allá debería tener más psicólogos.

Y si tengo un problema nutriciona,l como ocurre en La Guajira, allá se deberá contar con más nutricionistas; pero, además, es importante pensar en el mediano y largo plazo, para que esos equipos complementarios cuenten con médicos especialistas que podamos desplazar a las regiones”, afirmó.

En la misma línea, el Ministerio de Salud se ha propuesto llevar a cabo un modelo de cofinanciación de estos programas en todo el país, bajo diversos mecanismos. De hecho, para fortalecer el sistema de Salud en el Meta, el pasado 30 de diciembre se asignaron recursos para cinco municipios: La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, y Uribe. Estos dineros, más otros que el ministerio solicitará a la autoridad municipal y departamental -unos más derivados de regalías, y otros vía UPC ya autorizados por resolución ministerial de Salud y de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación- permitirán disminuir los índices de mortalidad en esta región y asegurar un sistema integral de servicio digno a toda la población.

Las EPS se transformarán en Redes Prestadoras de Salud

Por otra parte, la ministra, quien se ha reunido con directivas de varias EPS, es consciente de que el proceso no es sencillo y que implicará una transición de por lo menos dos años. “La Ley 100 se hizo en 1993 y lleva 30 años, y no ha terminado la transición. Entonces, no nos pueden pedir a nosotros que hagamos una transición en dos meses de algo que no pudo concluir su transición en tres décadas”. Este proceso de transformación -agregó- no afectará la prestación de los servicios médicos que seguirán recibiendo los colombianos, a través de los recursos del Estado como ha sido hasta la fecha.

“Todos pueden estar seguros de algo: Si se aprueba esta reforma, ningún colombiano ni colombiana va a quedar desprotegido del servicio de salud, se mantendrán todos sus tratamientos y el Estado seguirá entregando y pagando por los servicios. Todo aquel que tiene un derecho y un buen servicio lo va a mantener. Lo que vamos a lograr con la reforma es que el que no los tenga llegue al nivel del que los tiene”.

“Yo tengo contradictores muy poderosos, que se han hecho poderosos con recursos públicos de los colombianos"

Respecto al papel que eventualmente podrían desempeñar las EPS, la titular de la cartera afirmó que son inviables, como lo viene alertando la Contraloría General de la República desde 2014; tanto, que las deudas que dejan, luego de ser liquidadas, son enormes. En el Meta, por citar solo un ejemplo, han arrasado con dos clínicas privadas, lo que ha afectado la prestación de servicios de alta y mediana complejidad. En consecuencia, la propuesta del Gobierno es que se transformen en Redes Prestadoras de Salud.

Sumado a lo anterior, Corcho dijo también que las EPS son entidades privadas que no aportan recursos ni pagan los tratamientos de alto costo, puesto que estos los financia el Estado con el dinero de los contribuyentes. Y complementó que manejan recursos públicos de los colombianos a través de una intermediación financiera, pero sin control ni vigilancia, y que ya no pueden seguir siendo juez y parte en todo este sistema.

“Yo soy una EPS, el Estado me gira los recursos y yo me contrato a mí mismo, me pago lo que considero, impongo las tarifas que yo quiera, y a los hospitales los quiebro, pero aparte de eso, redirecciono al paciente para que sea atendido en las clínicas que yo contrato, sin que importe dónde vive, y lo someto al paseo de la muerte, a dar vueltas por todo el Meta, incluso, lo obligo a ir a Bogotá. Eso es perverso y es inaceptable. Lo que está en juego aquí es la vida”, ejemplificó la ministra.

Más adelante, dijo que la Reforma a la Salud propone acabar esa intermediación que, además de entregar los recursos públicos a privados, supone un costo de $6,5 billones de pesos al año, pagados por los ciudadanos.

Corcho Mejía también se mostró crítica frente a los trámites que exigen las EPS a los usuarios para acceder a medicina especializada o para adquirir ciertos medicamentos, lo cual no se da en ningún sistema de salud del mundo -según dijo- sino que basta con la orden del médico tratante. 

Con la reforma, el paciente podrá acceder a los servicios de salud de mediana y alta complejidad cuando lo remita el médico que está en los equipos extramurales”.

De igual forma, recordó que el objetivo de la iniciativa no es eliminar el sector privado, por el contrario, recordó que busca fortalecerlo. Y aclaró que la prestación de servicios en Colombia es pública y privada, y se realiza a través de las IPS, clínicas y hospitales. De hecho, el 80% de las clínicas son privadas y necesitan que se les garanticen los recursos suficientes para que puedan brindar una atención oportuna y de calidad.

Finalmente, se conoce que el proyecto de Reforma a la Salud ya fue entregado al presidente Gustavo Petro y que será radicado en el Congreso de la República en el mes de febrero del presente año.