Lo que piden los campesinos del Meta y Guaviere

Este viernes los campesinos, indígenas, afrodescendientes y excombatientes, provenientes del sur del Meta y el departamento del Guaviare, que se congregan en el colegio Inem de Villavicencio desde el pasado 13 de mayo, entregaron un pliego de peticiones tras no lograr un acuerdo con el Gobierno nacional, y a su vez, con la Comisión de Paz del Senado de la República, que estuvo este jueves en la capital del Meta.

Son nueve las peticiones puntuales que han hecho los labriegos. El primer punto se relaciona con tierras y vivienda.

“Para vivir y producir exigimos ordenamiento y legalización de tierras, con enfoque étnico, territorial y de género”, precisaron los campesinos.

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Para lograr que esto se cumpla, los campesinos, indígenas y excombatientes enumeraron cinco ítems esenciales, bajo los cuales se debe desarrollar esta solicitud.

• Adjudicación, ampliación, saneamiento y recuperación de territorios ancestrales.
• Resoluciones adjudicatorias de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que ya están en tutela y resolución de las que están en procesoi
• Adjudicación de predios para los proyectos productivos rurales de asociaciones de las comunidades en reincorporación
• Revisión de procesos de extinción de dominio por testaferrato asociados al conflicto armado en los departamentos del Meta y Guaviare

En cuanto a la vivienda urbana y rural, los labriegos hicieron tres solicitudes:

• Titulación para vivienda de los predios en donde están los ETCR y NAR, y para firmantes de paz en cascos urbanos
• Implementación y financiación de programas de vivienda y acceso a servicios públicos para firmantes de paz, comunidades @tnicas y campesinas
• Titulación y formalixación de tierras a pequeños y pequeñas campesinas en los municipios movilizados del Meta y el Guaviare, con protección a los derechos de la mujer a la propiedad.

Por su parte, los excombatientes solicitaron garantías para la implementación integral del Acuerdo de Paz y el retiro de iniciativas del Estado que afectan su funcionamiento.

En este sentido, fueron explícitos  con sus peticiones.  Lo primero que requirieron fue la prohibición de aspersión aérea como la de glifosato y el cumplimiento integral del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) dentro y fuera de áreas protegidas y solución acordada, con enfoque territorial, con comunidades no acogidas a PNIS.

Por otro lado, pidieron participación política y garantías de financiación estatal y seguridad para el ejercicio político preelectoral.

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Adicional a ello,  solicitaron 16 curules para las víctimas y líderes sociales, a partir de las siguientes elecciones regionales y asegurando representatividad de género.

En materia ambiental, los labriegos solicitaron el reconocimiento de la agenda ambiental campesina, étnica y popular como espacio para el tratamiento de conflictos socioambientales  y socioterritoriales.

Con relación a las áreas protegidas, los campesinos hicieron especial énfasis en la suspensión del Plan Artemisa y la prohibición de las operaciones militares en casos de conflictos socioambientales y socioterritoriales con campesinos y campesinas.

Entre los nueve puntos solicitados, este es clave, ya que por este ítem no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional, para que los campesinos regresen a sus hogares.

Y es que el Plan Artemisa es una de las estrategias del gobierno del presidente Duque para detener la deforestación en Colombia, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y autoridades ambientales.

Sin embargo, este plan involucra  la presencia de tropas militares en las zonas con mayor número de hectáreas deforestadas en el país, lo que ha generado innumerables inconvenientes. Están las organizaciones sociales y campesinas que han denunciado abusos de fuerza en los procedimientos, y las autoridades ambientales que solicitan que la fuerza pública apoye la lucha contra la deforestación.

En el Meta, de acuerdo a un informe de Ideas para la Paz, una de las zonas más afectadas por la deforestación, y donde se ha concentrado la Operación, es el Área de Manejo Especial de La Macarena, entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Sierra de La Macarena.

De allí, que los campesinos provenientes del sur del Meta y el departamento del Guaviare pidan la suspensión del Plan Artemisa.

Otro de los puntos que han solicitado los campesinos es la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato en áreas protegidas y el reconocimiento de los habitantes de Parques Naturales Nacionales como víctimas del conflicto armado.

En materia de transporte, los labriegos pidieron alivios económicos para los transportadores de carga y para la movilidad en los departamentos.

En este punto, se cuenta la reducción a la tarifa de los peajes en el departamento del Meta en un 50 por ciento. También, un subsidio de gasolina para los departamentos productores de hidrocarburos.

En materia  de educación, los campesinos solicitaron gratuidad en todos los niveles educativos, con un enfoque territorial, étnico y de género.

En este punto, los pueblos indígenas solicitaron específicamente concertación e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Y,  reconocimiento de las formas de producción de conocimiento de los pueblos autónomos, que deberán ser  validadas dentro del sistema educativo.

En materia social, los campesinos pidieron garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales y reconocimiento y reparación de las violaciones de los Derechos Humanos. Es decir, justicia por violencias a líderes y lideresas.

Adicional a ello, pidieron tratamiento punitivo a campesinos.

En el octavo punto, los indígenas solicitaron reconocimiento de la legitimidad de las comunidades en temas de organización, salud y educación.

Por último, los labriegos pidieron financiación y soberanía y seguridad alimentaria para pequeños y medianos productores.