Las graves consecuencias del robo de cable de cobre

La industria petrolera en Colombia enfrenta varios desafíos que podrían afectar su competitividad y sostenibilidad, entre los cuales están el rezago de inversión, los bloqueos sociales y la disminución en la exploración.

Sumado a esto, el sector está sufriendo otro flagelo en sus zonas de operación y es el hurto de cable de cobre, especialmente en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, que se ha constituido en el mayor tráfico de metales después de la minería ilegal de oro y coltán en Colombia.

El hurto de cable de cobre está motivado por la demanda de este material para exportación en virtud a que países como China, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Corea, España, Francia y Bélgica lo usan para tecnología de punta. Sin embargo, no existen medidas que hagan necesario determinar que su procedencia es legal, lo cual hace que se convierta en una actividad para el blanqueo de dinero.  

El cable es fundamental para la transmisión de energía a los clústeres donde se produce el petróleo, allí realizan el corte, desmonte o extracción. 

En la actualidad se realizan 8,6 hurtos promedio por semana a las distintas operadoras, que aunque inicialmente pareciera un simple robo por parte de los reducidores de chatarra, está causando importantes pérdidas para el sector petrolero y para el país, que equivalen a 2.500 barriles de crudo en promedio por semana por la desactivación de los pozos, lo que afecta los ingresos de la Nación, las regalías y la inversión social.

Solo en la vereda Rubiales, donde se encuentran importantes campos petroleros, el impacto es de más de 100.000 barriles de petróleo al año, y específicamente en el campo Rubiales de Ecopetrol, de acuerdo a estadísticas, hurtan 750 metros de cable de cobre promedio semanal, por un valor casi similar al nuevo.  

Este delito está en ascenso debido a los vacíos jurídicos, la falta de presencia estatal y la escaza presencia de fuerza pública. En la vereda Rubiales la cantidad de policías apenas alcanza para proteger la única estación de policía que debe cubrir una extensión de más de 200.000 hectáreas, mientras que en Puerto Triunfo, Cuernavaca, Santa Helena y Porvenir, otras veredas del área de influencia, no hay personal en las estaciones de policía. 

Otra razón por la que este delito se está incrementando es porque el cable de cobre es un cheque al portador: en áreas de economías frágiles donde el dinero escasea y la falta de trabajo es latente, el cobre se convierte en un elemento de trueque debido a que se paga bien y en efectivo.   

No obstante la Fiscalía General de la Nación tiene estrategias importantes de acuerdo a su competencia y jurisdicción, a hoy los resultados son infructuosos y la determinación en materialización judicial es muy limitada. Por otro lado, la Fuerza Pública tiene como principal obstáculo la judicialización por mínimas cuantías por evento, lo cual hace el delito excarcelable.

Es importante destacar que esta industria aportó más de $18 billones en impuestos el año pasado, representando el 1,3% del PIB, de acuerdo con cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Además, genera cerca de 270.000 trabajos entre directos e indirectos según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Adicionalmente, el sector minero energético genera encadenamientos a través de compras de bienes y servicios, materias primas, e insumos para otros sectores. 

Además de la industria petrolera, los sectores de telecomunicaciones, servicios públicos, minería y energético en general, están siendo afectados con este flagelo. 

El cable es fundamental para la transmisión de energía a los clústeres donde se produce el petróleo, allí realizan el corte, desmonte o extracción.