Laborde denuncia a Camargo por caso Petro

La exfiscal Lucy Laborde presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que señala presuntas presiones para modificar el proceso contra Nicolás Petro, posibles filtraciones de información reservada e injerencias relacionadas con el caso de la fundación Fucoso.

Uno de los episodios que expone Laborde se relaciona con una propuesta que recibió del abogado Ricardo Gaviria, quien anteriormente defendía a Nicolás Petro. Según su denuncia, el planteamiento buscaba una terminación anticipada del proceso mediante el retiro de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, para mantener únicamente el de estafa. La Fiscalía rechazó esa posibilidad.

La exfiscal aseguró que Gaviria le manifestó que consultaría la propuesta con la Presidencia y que posteriormente le informó que no había sido aprobada porque una eventual condena del hijo del entonces presidente por lavado de activos podría afectar la imagen internacional de Colombia.

Laborde considera que ese episodio podría evidenciar una intervención externa en una decisión que correspondía a la Fiscalía. A esto sumó una reunión que, según su relato, sostuvo con Luz Adriana Camargo el 5 de septiembre de 2024.

De acuerdo con la denuncia, durante ese encuentro Camargo le habría planteado retirar el delito de lavado de activos del proceso contra Nicolás Petro y mantener únicamente el de enriquecimiento ilícito. Laborde afirma que rechazó expresamente modificar la calificación jurídica.

En la reunión también habría sido mencionada Aura Liliana Trujillo, entonces delegada para las Finanzas Criminales. Según Laborde, Trujillo advirtió sobre las posibles consecuencias de mantener el delito de lavado de activos, entre ellas una eventual inclusión de Nicolás Petro en la lista de sanciones de la OFAC, conocida popularmente como Lista Clinton.

Otro punto de la denuncia está relacionado con la fundación Fucoso. Laborde aseguró que durante la reunión se habló de una investigación pendiente por hechos relacionados con esa organización y de la necesidad de establecer si a través de ella pudieron ingresar recursos asociados a los $15.000 millones que se mencionaban en relación con la campaña presidencial de 2022.

Según su versión, Camargo pidió que esos hechos fueran verificados y que la fiscal Alexandra Ladino se encargara de revisar el proceso relacionado con Fucoso.

Laborde sostiene que, después de negarse a modificar la acusación contra Nicolás Petro, comenzaron una serie de cambios que afectaron su despacho. Entre ellos menciona su traslado a Barranquilla, la salida de investigadores y las capturas de Víctor Forero y Juan Camilo López, a quienes identificó como funcionarios claves para el desarrollo del proceso.

La exfiscal interpretó esas decisiones como posibles represalias. En su denuncia también señaló un presunto acceso irregular al sistema SPOA de la Fiscalía, después de detectar que el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, habría tenido conocimiento de nuevos procesos que ella estaba abriendo contra otras personas.

Ante esa situación, Laborde ordenó una auditoría al sistema. Según su relato, la revisión permitió establecer que funcionarios de la Policía habían accedido a esos registros, por lo que posteriormente tuvo que presentar algunas solicitudes de manera manual.

La denuncia también cuestiona la asignación de una fiscal de apoyo a su despacho sin que, según Laborde, ella hubiera solicitado ese acompañamiento. La exfiscal señaló que esta funcionaria llegó a Barranquilla después de una audiencia relacionada con el caso Fucoso.

Además de denunciar a Camargo, Laborde solicitó a la Comisión de Acusación que compulsara copias para que se investigaran las actuaciones de Aura Liliana Trujillo y del abogado Alejandro Carranza.

El relato de la exfiscal termina con su salida de la Fiscalía el 16 de julio de 2026. Laborde sostiene que su desvinculación fue el último episodio de una serie de decisiones que, a su juicio, comenzaron después de su negativa a modificar el rumbo del proceso contra Nicolás Petro. Corresponderá ahora a las autoridades determinar si los hechos denunciados constituyen irregularidades y establecer las eventuales responsabilidades.