Así lo informa la Alianza por la Niñez Colombiana por medio del informe: “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste”.
El Estado colombiano no ha cumplido con las recomendaciones dadas por el Comité de los Derechos del Niño (CDN), presentadas en el 2015, que hacen referencia a la atención integral y a medidas de protección que deben recibir niñas y niños víctimas del conflicto armado. De 8 millones de personas registradas como víctimas, 2.382.086 tienen entre 0 y 17 años de edad; población que ha sido invisible frente a la respuesta estatal.
A esa conclusión llegó el informe denominado “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste”, a través del cual se recoge el análisis, la revisión documental, las entrevistas en profundidad con expertos que cuestionan la situación de los menores de 18 años de edad que han tenido que crecer en comunidades permeadas por el fuego cruzado, el reclutamiento, la violencia sexual, las masacres y las hostilidades. El documento es resultado del monitoreo que hace la Alianza por la Niñez Colombiana (que integra a 21 organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con los derechos de niñas y niños) a los acuerdos que hace el país para garantizar condiciones dignas de bienestar y protección para la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud.
Para este informe se abordaron tres bloques temáticos: niñez víctima de desplazamiento forzado, niñez víctima perteneciente a grupos étnicos y niñez víctima de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la participación de ellos y ellas en conflictos armados.
En el primer capítulo se evidencia, entre varias cifras, que del total de niñas y niños víctimas del conflicto, el 99% tuvo que abandonar sus territorios para desplazarse a otras regiones. Luego, sobre grupos étnicos, se destaca que del total de personas afectadas por la violencia en sus comunidades, el 12% indicó ser indígena, raizal o gitano; y en este segmento, 11,85% (282.312) son menores de 18 años de edad. Con respecto al Protocolo Facultativo, se hace especial énfasis en afirmar que actualmente hay, en mayor proporción, la utilización de niñas y niños en grupos armados ilegales para fines de extorsión, menudeo, etc.
Representantes de la Alianza por la Niñez Colombiana, expertos en la materia y otros actores que participaron en la construcción de este documento presentarán los resultados del informe el próximo jueves 8 de noviembre, a las 8 de la mañana, en las instalaciones de la ONG World Vision Colombia (carrera 7 #60- 24, Bogotá).
“Buscamos hacer un llamado al país, y principalmente al gobierno nacional y entidades territoriales, para que las observaciones del CDN sean incluidas en los respectivos planes de gestión interinstitucionales e intersectoriales, responsables del goce efectivo de los derechos de la población víctima afectada por el conflicto armado”, señaló Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.