Justicia tardía, condena por violencia policial en protestas

La condena contra el patrullero del antiguo Esmad por dejar sin visión a Leidy Cadena durante el paro de 2021 representa un hito judicial en Colombia. No es un caso más: es la primera vez que un agente es sancionado penalmente por causar una lesión ocular permanente en el contexto de protesta social.

El fallo no solo establece responsabilidad individual, también reconoce que hubo una actuación contraria a principios básicos como la legalidad y la proporcionalidad. En otras palabras, no se trató de un accidente ni de un “exceso aislado”, sino de una acción consciente con consecuencias irreversibles sobre la vida de una ciudadana.

Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo? Cinco años después de los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2021, la justicia llega, pero lo hace tarde para una víctima que ya perdió de manera definitiva su visión. La reparación, en estos casos, siempre será incompleta.

Este caso también reabre el debate sobre el rol de la fuerza pública en escenarios de protesta. El antiguo Esmad —hoy transformado institucionalmente— fue ampliamente cuestionado por el uso de armas consideradas “menos letales”, pero que en la práctica dejaron decenas de personas con lesiones graves, especialmente oculares.

Desde una perspectiva social, el fallo tiene un efecto simbólico importante: envía un mensaje de que el uso excesivo de la fuerza no puede quedar en la impunidad. Pero también deja en evidencia que estos procesos dependen, muchas veces, de pruebas excepcionales, como testigos clave o registros que permitan identificar al responsable.

Más allá de la condena, el reto sigue siendo estructural. La confianza ciudadana en las instituciones no se recupera con una sola sentencia. Se requiere garantizar que estos hechos no se repitan, revisar protocolos de actuación y asegurar que la protesta social no vuelva a convertirse en un escenario de riesgo para quienes ejercen su derecho a manifestarse.