Un juez ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrecer disculpas públicas por vulnerar la neutralidad religiosa del Estado durante su investidura, realizada el pasado 7 de agosto en Cali, donde participaron líderes religiosos, hubo oraciones y alabanzas y se exhibieron símbolos religiosos.
La decisión fue tomada por el juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá al resolver en primera instancia una acción de tutela. El mandatario deberá ofrecer las disculpas en una alocución por radio y televisión programada para el próximo 30 de septiembre.
Además, el juez ordenó a De la Espriella abstenerse de realizar actuaciones que impliquen una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo particular. También deberá emitir una directiva presidencial para recordar a los servidores públicos su obligación de respetar y hacer respetar la neutralidad religiosa del Estado en los actos oficiales.
La controversia se originó en la ceremonia de investidura, realizada en la Arena USC de Cali, donde la religión tuvo un papel destacado durante la parte final del acto. En la ceremonia participaron el rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera.
Michaan leyó versículos del Antiguo Testamento y cerró su intervención con la expresión “Viva Colombia y viva Israel”. Posteriormente, Cañas Estrada y Múnera hicieron llamados para que cesaran los atentados terroristas, regresara la seguridad y prevaleciera la unión nacional.
Las intervenciones religiosas se realizaron ante congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales. La ceremonia también incluyó otros elementos de carácter religioso, entre ellos una imagen de la Virgen María.
El juez consideró estos elementos dentro de la vulneración de la neutralidad religiosa del Estado y extendió la decisión al presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, quien deberá ofrecer disculpas por la vulneración de este principio durante la sesión legislativa en la que se realizó la posesión presidencial.
La decisión es de primera instancia y puede ser impugnada. El fallo vuelve a poner en discusión los límites de las expresiones religiosas dentro de los actos oficiales y la obligación de las instituciones públicas de garantizar la neutralidad frente a los distintos credos.
