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16 de Enero de 2026 a las 05:34 AM
Hasta $1,2 millones de multa a motos ruidosas en Colombia
El límite es de 86 decibeles y aplica para motos con sistemas de escape alterados o no originales.
En Colombia, la Ley 2450 de 2025, también conocida como Ley contra el ruido, es una política nacional que busca controlar la contaminación acústica estableciendo un límite de 86 decibeles para motocicletas.
El objetivo de esta medida es establecer los lineamientos de diagnóstico, evaluación y gestión integral de las vibraciones para proteger la salud pública, el ambiente y la convivencia.
Para poder cumplir con estas disposiciones, la normativa faculta a las autoridades y ciudadanos para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora en todo el territorio.
Sin embargo, el Gobierno nacional advierte que estos criterios ya empezaron a regir y que aplican para motos con sistemas de escape alterados o no originales.
Tipos de multas para los motociclistas
De acuerdo con lo expresado en la Ley 2450 de 2025, los conductores que superen los niveles de ruido permitidos pueden enfrentar sanciones económicas, inmovilización del vehículo, rechazo en revisiones técnico-mecánicas y pérdida de garantía.
Multa C28
Esta multa está contemplada para los vehículos que circulan con dispositivos que alteran el ruido, como resonadores y escapes modificados o dañados. Además, el uso indebido de sirenas y luces de emergencia pueden generar infracciones entre los $604.000 y los $711.750.
Multa D17
Es considerada una de las sanciones de tránsito más severas, debido a que está dirigida a los conductores que exceden los límites de ruido o contaminación en vehículos. En ese sentido, las autoridades pueden imponer comparendos que rondan los $1.208.000.
No obstante, la ley también cuenta con sanciones para quienes perforen el silenciador o retiren elementos que disminuyen el ruido de motocicletas y automóviles, por lo que se recomienda evitar ciertas modificaciones.
Las autoridades de tránsito colombianas también advierten que este tipo de ajustes pueden ser verificados fácilmente sin la necesidad de una medición técnica.
Con la entrada en vigencia de esta norma, se espera que la contaminación auditiva en el territorio nacional disminuya para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.