Grupos criminales crecieron 90 % en cuatro años
Según el documento, el Clan del Golfo registró el mayor crecimiento entre las principales estructuras criminales, con un aumento del 152 %.
Los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 90 % durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, al pasar de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, según un informe divulgado este jueves por organizaciones de derechos humanos.
El reporte fue elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que reúne a 125 organizaciones del país.
Según el documento, el Clan del Golfo registró el mayor crecimiento entre las principales estructuras criminales, con un aumento del 152 %. La organización tendría presencia en al menos 429 municipios, equivalentes al 38,8 % de los 1.103 municipios de Colombia.
Las disidencias de las antiguas FARC también registraron un fuerte incremento, del 109 %, con presencia en 376 municipios. En particular, la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, aumentó un 108 % durante el periodo analizado.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) incrementó en un 22 % el número de sus integrantes.
Aumento de la violencia
El informe también alertó sobre el incremento de la violencia asociada a los grupos armados. Entre enero y agosto de 2025, al menos 544 personas murieron por explosivos, cifra que representa un aumento del 145 %.
En cuanto a líderes sociales y defensores de derechos humanos, las organizaciones registraron 3.115 agresiones durante el Gobierno de Petro, frente a 3.544 durante el mandato de Iván Duque.
Aunque el número total de agresiones disminuyó un 12 %, los asesinatos de líderes sociales se mantuvieron en 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, hasta alcanzar 78 casos.
Críticas a la ‘paz total’
Las organizaciones cuestionaron la política de ‘paz total’ impulsada por Petro y señalaron que no consiguió consolidar resultados sostenibles en los territorios. Entre las causas mencionaron fallas de articulación institucional, problemas metodológicos y resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad.
El informe advirtió, sin embargo, que el fracaso de algunos procesos de negociación tampoco significa que una estrategia exclusivamente militar pueda resolver el conflicto armado.
Las organizaciones pidieron al Gobierno de Abelardo de la Espriella mantener el compromiso con los derechos humanos, la paz y la democracia, y recomendaron combinar la negociación política con inversión social, transformación territorial, desmantelamiento de estructuras paramilitares y garantías de verdad, justicia y reparación.