Gremios piden evaluar impacto del peso en exportaciones

Los gremios abajo firmantes expresan su preocupación por los efectos que la política pública de endeudamiento desarrollada por el Gobierno Nacional, está teniendo sobre variables como la tasa de cambio. La variación en los últimos doce meses, cercana a $750 pesos por dólar, equivale a una apreciación aproximada de 17% en un año.

Esta situación está afectando directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, que además enfrentan un incremento elevado en costos laborales y fiscales, en regiones donde la actividad exportadora es el principal motor económico. 

Además, un peso apreciado abarata los bienes importados y vuelve más atractivo sustituir producción nacional por compras externas. El productor local enfrenta un entorno más difícil al tener que competir con bienes que llegan con un precio final menor, no necesariamente porque sean más eficientes o de mejor calidad, sino porque el tipo de cambio hizo más barato traerlos. Cuando ese choque se prolonga, el riesgo es que la industria nacional pierda participación, reduzca capacidad instalada y, en algunos casos, se inicie un proceso de desinversión.

Las recientes operaciones de financiamiento y manejo de deuda del Gobierno Nacional, que han incluido colocaciones en el mercado local con alta participación de inversionistas extranjeros y operaciones en los mercados internacionales, han coincidido con una apreciación acelerada del peso.

Cuando estas emisiones atraen flujos de capital hacia activos en pesos o implican conversiones de divisas, para atender urgentes necesidades de caja del Gobierno, se incrementa la oferta de dólares en el mercado cambiario y se presiona a la baja la tasa de cambio, con impactos directos sobre la competitividad exportadora y la producción transable. De tener un efecto prolongado, los exportadores perderán mercados que serán difíciles de recuperar.

En ese contexto, preocupa que el financiamiento, vía deuda, termine sustituyendo decisiones estructurales de ajuste fiscal. Aplazar el control del gasto público, en un escenario de recaudo tributario insuficiente, no es responsable, pues aumenta la dependencia de nuevas emisiones, eleva la vulnerabilidad fiscal y traslada costos al sector productivo, mediante una tasa de cambio apreciada, menor rentabilidad exportadora y riesgos sobre inversión y empleo.

Adicionalmente, genera preocupación la discusión alrededor de un proyecto de decreto que buscaría obligar a los fondos de pensiones a repatriar parte significativa de los recursos invertidos en el exterior, para invertirlos en el mercado local. De materializarse de manera obligatoria, aumentaría los riesgos financieros, ya que, al limitar la diversificación internacional de los portafolios, podría incrementar la oferta de divisas y profundizar la presión apreciativa sobre la tasa de cambio, afectando aún más la competitividad de las exportaciones, de la producción transable y los rendimientos de ahorro de los colombianos, como la estabilidad del sistema.

Cualquier ajuste a los regímenes de inversión debe sustentarse en análisis técnicos y reglas claras, evitando decisiones de corto plazo que terminen trasladando costos al sector productivo y a los afiliados.

Por lo anterior, los gremios abajo firmantes reiteran la necesidad de una senda creíble de consolidación fiscal, priorizando eficiencia y focalización del gasto, y una estrategia integral para fortalecer el recaudo, sin afectar la formalidad ni la competitividad, de manera que el tipo de cambio mantenga su función de amortiguador y no se convierta en un desincentivo estructural a la producción transable.